Los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía presentaron el pasado jueves 28 de abril sus respectivas propuestas para la reforma del Estatuto de autonomía vigente. No todos coincidieron con la definición política de Andalucía, y así el PSOE propone identificar claramente a Andalucía como nacionalidad, en el marco establecido en el artículo 2 de la Constitución española. Se trata de resaltar el término de nacionalidad que ya figura en el artículo 1º del Estatuto de Autonomía. El PP propone mantener la actual definición del Estatuto dentro del marco del artículo 2 de la Constitución, resaltando la antigua identidad histórica y cultural de Andalucía. Por el contrario, para IU Andalucía debe ser considerada como comunidad nacional dentro del Estado plurinacional como, a su juicio, es el español y coherentemente propone la reforma de artículo 2 de la Constitución española. Para el PA, Andalucía debe ser definida como nación en pie de igualdad en el Estado federal español a cuya riqueza plurinacional y cultural quiere seguir contribuyendo activamente.
    Esta diversidad de conceptos sobre Andalucía de nuestros representantes políticos hace que nos preguntemos: ¿qué es Andalucía para los andaluces cuando nuestros representantes no se ponen de acuerdo sobre un tema tan importante? Para algunos se trata de una cuestión nominalista de escasa trascendencia, porque al fin y al cabo el régimen de competencias y de instituciones va a ser, por ahora, el mismo cualquiera que sea la definición que demos a Andalucía. No lo veo así, porque definir a Andalucía de una u otra manera es, de alguna forma, definir a España, ya que el todo depende de la definición que se dé a las partes que lo integran y definir a España es, constitucional y políticamente, de gran trascendencia e importancia, y las partes deben definirse partiendo de la definición que se dé al todo.
    Existe una gran diferencia entre la reforma del actual Estatuto y la originaria elaboración del mismo. Ésta se hizo en solitario y cuando ya estaba aprobada la Constitución y los Estatutos del País Vasco, Cataluña y Galicia, lo que facilitó la tarea. La reforma de ahora coincide con la reforma de la Constitución y la de los Estatutos del País Vasco, de Cataluña, de Valencia y de Canarias, entre otras cuyos textos definitivos ignoramos. Esto dificulta la reforma actual y Andalucía no puede desconocer lo que otros proyectan.
    Como es bien sabido, la Constitución española en su artículo 1º dice que la soberanía reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado y el 2º afirma que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Para la Constitución, España no se configura como un Estado plurinacional, sino que se integra por nacionalidades y regiones.
    Desde que el Gobierno socialista de España incluyó en su programa la reforma de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, han ido surgiendo diferentes términos para definir a determinadas Comunidades Autónomas. Así el presidente del Consejo de Estado y la presidenta del Tribunal Constitucional, han mantenido que el término comunidad nacional es equivalente a nacionalidad. En el Parlamento catalán pretenden definir a Cataluña como nación y en las bases del Partido Socialista de Euskadi se define a ésta como comunidad nacional. Nada digamos del Plan Ibarretxe, que define a Euskadi como comunidad libremente asociada a España. Esto produce la confusión de no saber lo que somos y el intento de algunos de querer cambiar lo que la Constitución dice que somos. Por si fuera poco, el Gobierno por boca del ministro Jordi Sevilla, ha dicho que nacionalidad equivale a nación sin Estado, de donde se deduce que, de ser ello así, las nacionalidades, y Andalucía lo es, podrían denominarse nación. Este concepto es tan indeterminado y polémico que sobre él caben infinidad de interpretaciones.
    No quieren cambiar el artículo 2 de la Constitución para convertir a España en un Estado plurinacional, porque implicaría la disolución de las Cortes y someter el nuevo texto a referéndum y ante ello dicen que cada Comunidad en su Estatuto pueda definirse como considere adecuado, sea nación, comunidad nacional, nacionalidad o región. Mi opinión es que mientras no se reforme el artículo 2 de la Constitución, los Estatutos deberán definir a cada Comunidad como nacionalidad o como región. Si el Gobierno y las Cortes Generales sólo permiten a Cataluña y el País Vasco que en sus Estatutos se denominen nación por considerar que ello es constitucional, estarán introduciendo una asimetría que, a corto o largo plazo, traerá consecuencias y no podrán impedir que otras Comunidades, por su historia y cultura, como Andalucía, tengan derecho al mismo trato.

Manuel Clavero Arévalo
De Diario de Sevilla, 8-V-2005.

El 18 de enero de 1980 Manuel Clavero viajó en avión desde Madrid a Sevilla. Allí dejaba un Ministerio en el Gobierno que presidía Adolfo Suárez. Aquí le aguardaban el respeto y el cariño de los andaluces y un lugar en la historia de Andalucía: el del hombre que puso los intereses de su tierra por delante del partido al que pertenecía (UCD) y los suyos propios de personaje en el poder.
    No había sido, por supuesto, una decisión fácil. Toda su vida académica y universitaria, desde que con 25 años accedió a la cátedra que ocupara de Gil Robles en Salamanca, había estado marcada por una vocación de servicio hacia la cosa pública y hacia Andalucía. Como rector de la Universidad de Sevilla (1971) creó el Instituto de Desarrollo Regional, pero fue en 1976, tras la muerte de Franco, cuando se aventuró directamente en la vida política fundando el Partido Social Liberal Andaluz (PSLA), una organización política moderada y de ideología regionalista que se aprestaba a participar en el proceso constituyente de la democracia española.
    Cuando el PSLA se integra en la coalición Unión de Centro Democrático, Clavero no pudo ni quiso reprimir cierto sentimiento de nostalgia por la pérdida de identidad de su partido y, de hecho, durante la campaña de las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, su mayor insistencia consistió en rechazar que el autogobierno fuera un derecho exclusivo de las comunidades mal llamadas históricas. La nostalgia resultó también augurio: UCD acabaría negándole ese derecho a Andalucía y, en consecuencia, Manuel Clavero le negó a UCD su propia militancia.
    Desde el Ministerio para las Regiones durante la gobernación ucedista, Manuel Clavero dedicó sus esfuerzos a hacer realidad esa idea de que el Estado de las Autonomías no se construyera desde el privilegio, sino desde la igualdad y la solidaridad. “Café para todos” fue el lema que resume su obsesión y que, a pesar del éxito final de la tarea, le costó el cargo y muchos sinsabores. Aquí abajo impulsó decididamente el proceso autonómico –suya fue la denominación Junta de Andalucía– y se recorrió Andalucía en pleno verano de 1979, en paralelo al socialista Rafael Escuredo, para lograr que los Ayuntamientos de la región aprobasen ir hacia la autonomía por la vía del artículo 151 de la Constitución: máximas competencias en el tiempo más corto.
    Tuvo que vencer la resistencia de los sectores más centralistas de UCD, especialmente influyentes en las provincias de Granada y Almería. Lo que quizás no sospechaba es que el enemigo lo tenía en la propia cúpula centrista. Las presiones militares y la acción de desgaste constante de destacados dirigentes del partido gubernamental, incluyendo algunos andaluces, terminaron por convencer a Adolfo Suárez de la conveniencia de frenar el proceso autonómico.
    En noviembre del 79, el comité ejecutivo nacional de UCD se reúne por fin, después de muchas vacilaciones y deconciertos, y decide, a propuesta de Landelino Lavilla, convocar el referéndum de la autonomía andaluza… y pedir la abstención de los ciudadanos para hacer fracasar la iniciativa que Clavero había estado defendiendo. El ministro de Andalucía se quedó solo en la defensa de Andalucía y, de vuelta al Ministerio, por una de esas metáforas con que la realidad acostumbra a adornarse, permaneció, de madrugada, encerrado cuatro horas en el ascensor. El 16 de enero de 1980 dimitió. El 18 llegó al aeropuerto de Sevilla, sin Ministerio, pero con dignidad. El 28 de febrero Andalucía conquistó políticamente su autogobierno, aunque no superó jurídicamente la carrera de obstáculos en que se había convertido el referéndum.
    De este modo, como Andaluz con mayúsculas antes que como ministro, acabó su carrera política Manuel Clavero Arévalo, profesor respetado de docenas de dirigentes políticos, catedrático de Derecho Administrativo, nacido un 25 de abril de 1926, en la calle Recaredo, en Sevilla, donde su padre, que regentaba el negocio de harinas de la familia, le enseñó con su ejemplo que más vale la dignidad que la poltrona. José Aguilar