| Empresa textil malagueña. Nace en 1957, a iniciativa del Instituto Nacional de Industria (INI), como empresa estatal, tras quedar desierto en 1952 un concurso para crear en la ciudad una fábrica de hilados de algodón. El capital pertenece totalmente al INI, que configura una gran planta que quiere aglutinar todo el sector textil, de la preparación de fibra e hilaturas, a la confección, pasando por tejeduría y acabados. Es un modelo con mucho de autárquico, obsoleto, que está siendo ya abandonado en Europa, donde se opta decididamente por la especialización. La empresa será deficitaria desde sus orígenes. Por lo que a partir de 1972 conoce diversas alternativas: enajenada en 1972, vuelve al patrimonio del Estado en 1980. Muy deficitaria, se opta por privatizarla en 1985, cuando es vendida al grupo italiano que encabezan Giovanni Orefici, en una de las primeras actuaciones de privatización de los gobiernos de Felipe González, a instancia sobre todo del entonces ministro de Economía, Carlos Solchaga. Se cree entonces que tras Orefici está el grupo italiano Benetton. Se amplía notablemente el capital de Intelhorce para hacer más atractiva la operación y el mantenimiento del empleo y los italianos adquieren la empresa textil por apenas 2.000 millones de pesetas. Nace entonces General Textil Española. La privatización, sin embargo, es un doloroso fiasco. Los Orefici, padre e hijo, y su grupo de colaboradores se revelan todo un núcleo de especuladores que aprovechan las generosas ayudas estatales en propio beneficio. Un informe oficial posterior estima en más de 6.200 millones de pesetas los recursos sustraídos por los Orefici a Intelhorce.
El escándalo es enorme y mínima la gestión de la nueva empresa, que cae en picado. Ante la situación Intelhorce vuelve a propiedad del Estado en 1990, pero es muy difícil reflotar una empresa así, por lo que se presenta suspensión de pagos en 1994. En los 15 años precedentes los gobiernos españoles gastan 52.000 millones de pesetas "313 millones de euros" en intentar levantar la empresa, que tiene por entonces los 700 trabajadores, aproximadamente la mitad de los que ha llegado a tener en sus mejores momentos. En 1995 la oposición, con el voto favorable de algunos aliados del gobierno socialista, consigue que se abra una investigación en el Congreso para determinar las irregularidades ocurridas en el proceso de privatización.
Se constituye entonces Hitemasa, siglas de Hilaturas y Tejidos de Málaga, empresa en la que participan los propios trabajadores, procedentes de Intelhorce, con el 51% del capital, y el Instituto de Fomento de Andalucía, IFA, con el 47%. Comienza sus actividades en 1997, con 257 trabajadores, e incorpora algunos activos de Intelhorce, aunque la maquinaria es obsoleta. La nueva empresa conoce una aceptable evolución en sus primeros años. La actividad de la fábrica se centra principalmente en la elaboración de todas las modalidades de tela de pana, que se vende al por mayor a empresas de la talla de Cortefiel, Grupo Corte Inglés o Mayoral y en la confección propia de toallas y albornoces. El 65% de las ventas se realiza en territorio nacional, destinando el resto principalmente a Francia, Bélgica y Alemania, mantiene una política de trabajar únicamente por encargo, así, evita la existencia de stocks. La facturación se sitúa en los primeros años del siglo XXI en torno a los 10 millones de euros, tras los años iniciales de pérdidas, la compañía alcanzaba en 2002 el equilibrio financiero
Mientras, se desarrolla un larguísimo proceso judicial contra los responsables del grupo Oferici. En total, son procesadas 44 personas, aunque finalmente quedan en 16 los acusados. Iniciado en un juzgado malagueño en noviembre de 1994, concluye diez años después con una sentencia del Tribunal Supremo. Gustavo Orefici es condenado a 19 años de cárcel, pero mucho antes había huido de España, aprovechado el régimen de libertad condicional, y moriría en 2003 en Kenia. La sentencia del Tribunal Supremo, a instancias del fiscal general del Estado, que recurre la sentencia de la Audiencia malagueña de octubre de 2001, aumentaba las penas a tres de los acusados, incluido el entonces presidente de la empresa pública Improasa, José Miguel Moreno, que "en lugar de cumplir la función que tenía encomendada, cuidar de los intereses generales en el proceso de privatización, se pasó directamente a la parte contraria, una vez sobornado con la promesa de percibir personalmente la cantidad de 50 millones de pesetas". La sentencia ordenaba, asimismo, que se celebrase juicio por posible delito fiscal contra cuatro empresarios, propietarios de unos inmuebles vendidos a Intelhorce, a los cuales la Audiencia Provincial de Málaga había sobreseído la causa. [ Antonio Checa Godoy ].
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