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REFORMA AGRARIA

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 El tradicional desequilibrio en la propiedad de la tierra en Andalucía se ve agravado en el siglo XIX a raíz de la Desamortización, cuando pasan a manos de la nobleza rural muchas tierras hasta entonces de la Iglesia, en tanto crece la población en el campo andaluz. Menudean las tierras no cultivadas, muchos cultivos, como el viñedo o el olivo, ofrecen sólo trabajo temporal y es muy baja la productividad. La figura del jornalero o bracero, sin trabajo la mayor parte del año, crece en la comunidad, especialmente en el valle del Guadalquivir, y es la víctima principal de las periódicas hambrunas que sufre Andalucía. Se inician entonces muchos movimientos, que además de poner de relieve el profundo malestar rural por la precariedad del trabajo, comienzan a ver en una reforma agraria, entendida sobre todo como un reparto de la tierra, el remedio básico para los males del campo. Si ya la segundad mitad del XIX esta cuajada de levantamientos de este signo ?Arahal, Loja, Montilla, Jerez?, será sobre todo con la difusión del socialismo y el anarquismo y en alguna medida el republicanismo federalista cuando se vaya concretando esa aspiración. Las primeras décadas del siglo XX son aún más duras para muchos sectores del campesinado andaluz, sin tierras, que al contrario que el pequeño propietario de Castilla o Galicia no tiene recursos siquiera para emigrar a América, y la reforma agraria es vista como la única salida a su situación. La II República es un periodo corto, pero el único en que se intenta esa reforma, con muchas dificultades ?políticas y financieras?  y algunas contradicciones. La reforma se inicia en el bienio 1931-1933, pues el triunfo de la derecha en esa última fecha supone un cerrojazo al proceso. Luego, la Guerra Civil supone el definitivo final de esa reforma de la propiedad agraria, salvo las experiencias en las comarcas que permanecen en el sector republicano, sobre todo Jaén y Almería. El franquismo no aborda el problema, aunque aprueba una curiosa e inaplicada ley de fincas manifiestamente mejorables. No obstante, ahora la emigración es más cercana y más factible, a Cataluña o Madrid, a Centroeuropa, y la reforma agraria deviene en utopía. Solo cuando se inicia la Transición, que viene a coincidir con una etapa de depresión económica y retorno de emigrantes, vuelve a cobrar fuerza. La demandarán organizaciones como el Sindicato de Obreros del Campo (SOC).  Y cuajará, en los primeros gobiernos autonómicos, en una ley de reforma agraria andaluza y, a escala estatal en los primeros subsidios específicos a jornaleros, el luego famoso PER. Pero el ingreso de España en la Comunidad Europea y el escaso entusiasmo del propio ejecutivo socialista, tanto en Andalucía como en Madrid, por esa reforma, lleva a su abandono en la práctica. No se derogará la ley, pero se aplicará escasamente y en sus aspectos menos conflictivos. El campo andaluz marcha desde 1986 por otros derroteros. [ Antonio Checa Godoy ].

 

 
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