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CAJAS RURALES

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 La tardía aparición de las Cooperativas de Crédito en España, de las que las Cajas Rurales son una parte, contrasta con la antigua y abundante literatura que ha venido insistiendo en la bondad de la organización de este tipo de instituciones, especialmente en el sector agrario.

El antecedente más antiguo de las Cooperativas de Crédito podrían ser los Pósitos, establecimientos que suelen existir en la mayor parte de los pueblos del país, donde se guarda el excedente de granos, especialmente trigo, con objeto de prestarlo a los labradores para la siembra o emplearlo en el consumo en las épocas de escasez, regulando el precio de mercado y evitando tanto las subidas de precios como las crisis de subsistencias. A mediados del siglo XVI hay en España unos 12.000 pósitos, en el siglo XVII casi se extinguen y después de la reorganización de los mismos que tiene lugar en el siglo XVIII llegan a ser unos 5.000 a finales de dicha centuria. Pero los pósitos entran en una decadencia definitiva desde principios del siglo XIX debido a los efectos devastadores de la guerra de la Independencia y a la corrupción que se instala en muchos de ellos. Hay muchos que convierten sus recursos frumentarios en monetarios y dedican su capital a operaciones crediticias en efectivo hasta que el mismo va desapareciendo como consecuencia de fraudes, impagos y mala gestión. En 1906 son puestos bajo la tutela del Ministerio de Fomento y en 1928 sendos decretos tratan de desarrollarlos, obligando a su constitución en los municipios menores de 5.000 h. y poniéndolos a cargo de los Patronatos Locales de Acción Social Agraria, hasta que un decreto de 1955 los agrupa en el Servicio Central de Pósitos. Pero sus recursos son ya extraordinariamente exiguos, de manera que en 1945 sus fondos ascienden a 83 millones de pesetas y veinte años después apenas superan los 500 millones, de los que 400 se hallan invertidos en préstamos al 5 por 100 de interés.

Desde mediados del siglo XIX van difundiéndose  en Europa las ideas de Friedrich W. Raiffeisen, quien defiende desde Alemania que el cooperativismo crediticio en el campo es la mejor solución para luchar contra la usura y proporcionar a los campesinos el tipo de crédito que mejor se ajusta a sus necesidades y posibilidades; en 1876 crea la Caja Agrícola Central de Préstamos en Neuwied, cuyo modelo es definitivamente establecido por el Congreso Internacional Raiffesenista de Tarbes, celebrado en 1897: promoción de asociaciones con un número reducido de agricultores, responsabilidad ilimitada, cargos electivos y no retributivos, cuotas de asociación pequeñas y finalidades sociales ajenas al afán de lucro. El modelo se extiende rápidamente desde Alemania a Italia, Francia y Reino Unido.

Introducción en España.  El movimiento cooperativo comienza en Andalucía con la entrada de las ideas de Fourier en Cádiz a través de Joaquín Abreu, a cuyo alrededor se forma un grupo de jóvenes de ideas fourieristas. Sin embargo, la más antigua cooperativa española conocida es la Asociación de Cajistas de Imprenta de Madrid, fundada en 1838 y la más antigua cooperativa de crédito es El Manantial del Crédito, nacida también en Madrid en la década de los años sesenta pero que tiene una vida muy precaria. En los años siguientes se van creando otras instituciones, como La Labradora de Alcalá del Río (1882), el Banco Agrícola y Urbano de Valencia (1893), el Banco Agrícola de Talavera y la Sociedad de Crédito y Depósito General Agrícola de Burgos.

El modelo de las Cajas Rurales alemanas es estudiado en España desde 1870, pero el Congreso Sindical de Barcelona de aquel año no entiende que el cooperativismo sea una buena solución a los problemas sociales. Es el Congreso Católico Nacional celebrado en Zaragoza en 1890 quien decide apoyar cualquier iniciativa en este sentido.

Entre sus primeros promotores destacan Joaquín Díaz de Rábago, Luis Chaves Arias, Francisco Rivas Moreno y José Piernas Hurtado, y la primera Caja Rural española nace en Amusco (Palencia) en 1901, a la que siguen otras en la provincia de Zamora, San Marcial Moraleja del Vino y Arenillas, impulsadas por Chaves. El núcleo inicial más importante se establecería en Navarra desde 1904, donde, con el apoyo del Obispo y con la intervención del jesuita padre Vicent, se produce también el primer intento de federación de cajas rurales. Le seguirían en este movimiento las provincias de Santander, Badajoz, Zaragoza y Salamanca. En 1910 hay ya 518 Cajas Rurales en funcionamiento, gran parte de ellas vinculadas al movimiento asociativo católico.

De importancia capital es el Real Decreto de 12 de julio de 1917 de fomento del crédito agrícola, que regula la constitución de asociaciones cooperativas y crea la Caja Central de Crédito; en su artículo 7º el Decreto se refiere a las asociaciones de crédito y es la primera norma legal que regula, aunque brevemente, estas instituciones, estableciendo que son aquellas asociaciones cooperativas que deberían tener por objeto las operaciones de crédito a efectuar con socios o con otras asociaciones cooperativas agrícolas; sus beneficios se distribuirían en proporción a las aportaciones y sus operaciones serían el descuento, anticipo, préstamo, giro y depósito, pero solamente con sus propios socios o con otras asociaciones cooperativas agrícolas. La Caja Central de Crédito Agrícola tendría un capital de diez millones de pesetas, suscritos tres por el Estado, tres por los pósitos, dos por el Banco de España y otros dos se pondrían a disposición de la banca y de las asociaciones agrarias.

En 1925 se crea el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, a través del cual se deben prestar 50 millones de pesetas a los agricultores con garantía de trigo, aunque el alcance de esta institución es mayor que la mera acción coyuntural, ya que continúa sus operaciones después de la primera campaña y en 1928 abre delegaciones regionales, lo que incrementa la demanda de crédito. La Federación Nacional de Cooperativas de España se constituye en 1929 y en 1931 se promulga la primera norma de las cooperativas españolas, el Decreto de 4 de julio, impulsada por el Instituto de Reformas Sociales, que regula las nuevas formas de cooperativas y alienta la unión de las mismas.

Después de la guerra civil existen en España 1.100 cajas rurales que mediante la ley de cooperativas de 2 de enero de 1942 quedan vinculadas a la Organización Sindical y a la Unión Nacional de Uniones Territoriales de Cooperativas del Campo. En 1954 se reorganiza el Servicio Nacional de Crédito Agrícola, que en 1962 pasa a denominarse Banco de Crédito Agrícola.

En 1957 se constituye como sociedad cooperativa de crédito de segundo grado la Caja Rural Nacional (CRUNA), que viene a asociar al crédito cooperativo rural y a desempeñar funciones de intermediación entre la autoridad monetaria y las entidades federadas. Este sistema federativo de banca cooperativa cuenta también con un consorcio que incluye los denominados Fondos de Solidaridad, que hacen las veces de fondo de garantía.

La laguna legal existente hasta 1964 permite que las cooperativas de crédito incrementen su número en los años sesenta como consecuencia de las nuevas necesidades financieras nacidas del desarrollo, aunque según afirma Federico Terrón, muchas de estas cooperativas son en realidad un instrumento utilizado por otras entidades para evitar las prohibiciones derivadas del statu quo bancario.

En conclusión y siguiendo la definición dada por Adolfo Rodero, una Caja Rural "es una sociedad cooperativa cuyos fines son: el fomento del ahorro entre sus asociados y el empleo de dicho ahorro en la concesión de créditos a los mismos con destino a la financiación de las operaciones agrícolas, mediante la garantía común, con bajo tipo de interés y en condiciones de reembolso adaptadas a las necesidades de la producción agraria".

La incorporación al sistema financiero.  La adaptación de las cajas rurales a la nueva regulación del sector que se produce en España en 1962 tiene lugar a través de una serie de fases cuyo primer peldaño lo constituye el Decreto de 26 de marzo de 1964 que reorganiza y potencia las funciones de la Caja Rural Nacional, creada en 1957. El mencionado decreto somete a las cajas rurales a la cobertura de coeficientes y al control del Ministerio de Hacienda, estableciendo una serie de importantes beneficios para las cajas calificadas, título que es concedido por el Banco de España a aquellas que cumplan varios requisitos (tener cinco años de funcionamiento, no estar constituidas como cooperativas de segundo grado y mantener unos recursos propios superiores a 100 millones de pesetas), lo que supone un gran impulso para el cooperativismo español de crédito agrario al favorecer y estimular la creación de Cajas Rurales Provinciales, promovidas en muchos casos por las propias cajas locales, que ven en ellas la posibilidad de acceder al crédito agrario oficial y estructurar sobre nuevas bases su federación y consolidación.

En 1967 se regula el régimen de las actividades crediticias de las cooperativas de crédito, en 1970 se crea la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito para el impulso y representación de las cooperativas asociadas, el mantenimiento y defensa del espíritu cooperativo y la prestación de servicios de asesoramiento a sus socios, y en 1971, finalmente, se restablece la autonomía de las cooperativas de crédito y su sometimiento exclusivo a la autoridad del Banco de España.

De 1974 data la Ley General de Cooperativas que trata del crédito cooperativo en ocho de sus artículos y una disposición final, aunque la norma más importante de la década es el Real Decreto 2860/78 de 3 de noviembre sobre cooperativas de crédito, completado con diversas órdenes ministeriales de los dos años siguientes, mediante los que se lleva a cabo la integración total de las cajas rurales en el sistema financiero español a través de la regulación de las siguientes materias: los principios a los que deben ajustarse en su constitución y primeros años de existencia; la homologación con las restantes entidades de crédito en lo que se refiere a funcionamiento, coeficientes estructurales y normas de expansión; la articulación de un régimen completo de control e inspección y la elección de los órganos de gobierno y dirección, así como lo relativo a requisitos, limitaciones, incompatibilidades y competencias de cada uno de los órganos de gobierno (Asamblea General, Consejo Rector, Interventores de cuentas y Dirección General).

Ese mismo año, 1974, es promovido el Consorcio Nacional de Cajas Rurales Provinciales entre 38 entidades, concebido como un organismo en el seno de la Caja Rural Nacional, bajo su gestión y con el apoyo de su estructura física y humana, para conseguir una mayor cohesión y garantía del grupo de cajas contratantes, todas ellas provinciales, relegando a las cajas de ámbito inferior.

Como reacción al Consorcio de las cajas provinciales, en 1978 se crea la Agrupación ARCA de cajas rurales comarcales y locales como punto de encuentro para un número importante de entidades aisladas, que al año siguiente cambia su denominación por Consorcio Español de Cajas Rurales Comarcales y Locales, CECAR; en 1981 este grupo crea la Central de Cajas Rurales y en 1982 la Unión Cooperativa de Cajas Rurales Comarcales y Locales.

Esta situación y la crisis de 16 Cajas Rurales en España es la que fuerza a un acuerdo de asociación de las cajas rurales con el Banco de Crédito Agrícola. Se firma el 19 de julio de 1983 con el objeto de llevar a cabo una actuación concertada para dotar de mayor solidez al conjunto de entidades crediticias al servicio del medio rural y a la canalización del crédito oficial a través de las cajas rurales. La crisis, que se desarrolla entre 1971 y 1983, está motivada por la caída del ahorro propiciada por la inflación, el endurecimiento de la competencia entre los intermediarios financieros, la desfavorable evolución de los precios agrarios, el continuo encarecimiento del coste medio del pasivo y las deficiencias organizativas y de gestión de las Cajas Rurales españolas. En este contexto, el acuerdo con el Banco de Crédito Agrícola supone dotar a las Cajas Rurales no solamente de un respaldo organizativo sólido, sino también económico y político, encaminado a garantizar su futuro.

El Acuerdo Marco para la formación del Grupo Asociado BCA-CRA lo firman el Banco de Crédito Agrícola y 70 Cajas Rurales (37 provinciales y 33 locales y comarcales) y su creación supone la disolución de la Caja Rural Nacional y la absorción de sus funciones por el Grupo, cuya misión es sanear las Cajas Rurales, evitar que las mismas vuelvan a tener desequilibrios financieros, mantener la independencia de las Cajas Rurales fortaleciendo su espíritu cooperativo, facilitar el acceso de los agricultores a los servicios financieros e incrementar los fondos destinados a la financiación del campo. Su constitución tiene lugar el 29 de mayo de 1984 y en el mismo se integran inicialmente 57 Cajas Rurales (38 provinciales y 10 comarcales y locales), a las que se unen con posterioridad otras más. Entre todas ellas proporcionan a mitad de los años ochenta del siglo XX el 50% de la financiación recibida por el sector agrario español. Complementariamente, en 1983 se constituye el Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorro y Sociedades Cooperativas de Crédito, que desempeña un papel importante en el proceso de saneamiento de estas entidades.

El convenio con el Banco de Crédito Agrícola propicia el saneamiento de las Cajas Rurales afectadas por la crisis, la reorganización de las mismas y la canalización a través de ellas de los flujos estatales hacia el campo, lo que incrementa sus posibilidades y las dota de una potente herramienta de política comercial que las Cajas Rurales saben aprovechar. También utiliza el Banco de Crédito Agrícola a las Cajas Rurales en beneficio propio.

En un momento en el que se comienza a hablar de la fusión de la Banca Pública, que luego se materializaría en Argentaria, las más grandes de las Cajas Rurales Provinciales comprenden que su futuro no está junto al Banco de Crédito Agrícola y a mediados de 1989 23 Cajas Rurales deciden romper el acuerdo con el mismo, creando, en 1990, la Asociación Española de Cajas Rurales como órgano de cohesión del sector y el Banco Cooperativo Español como instrumento de actuación financiera. Más tarde se fundaría la sociedad Rural de Servicios Informáticos y la compañía Seguros RGA, como instrumentos de gestión.

Grupos del crédito cooperativo. Aquella decisión da lugar a la existencia de tres grupos en el crédito cooperativo español: las que siguen vinculadas al Banco de Crédito Agrícola, las que crean el Banco Cooperativo Español y un tercer grupo formado por las Cajas Rurales de Castellón, vinculadas a CREDICOOP. Progresivamente las del primer grupo van incorporándose al segundo, que en 1996 ve ampliada su representación con la incorporación de numerosas Cajas locales y del Grupo CREDICOOP, compuesto entonces por 21 Cajas Rurales locales; la tendencia continúa en los años siguientes, de manera que a finales de 1998 la Asociación Española de Cajas Rurales representa a 83 Cajas Rurales, casi la totalidad del sector, con más de un 90 por 100 del total de los activos de estas instituciones, actuando corporativamente bajo la denominación "Grupo Caja Rural", que integra a la Asociación, al Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos y Seguros RGA.

La legislación básica referida a las cajas rurales es modificada mediante la ley general de cooperativas de 2 de abril de 1987 que remite, respecto a las de crédito, a una futura regulación concretada dos años después en una nueva Ley de Cooperativas de Crédito de 26 de mayo de 1989 y su reglamento, aprobado por Real Decreto de 22 de enero de 1993, que introduce sustanciales modificaciones en el modo de contemplar este tipo de intermediarios financieros, en su doble vertiente de empresas mercantiles que desarrollan una actividad específica de crédito y de sociedades cooperativas. Según su artículo 9, los órganos sociales de estas entidades son la asamblea general y el consejo rector; la primera es el órgano supremo de gobierno y decisión de la cooperativa y en ella a cada socio le corresponde un voto, aunque si los estatutos lo prevén podrá establecerse un voto proporcional a las aportaciones de los socios en el capital, a la actividad desarrollada o al número de socios de las cooperativas asociadas, debiendo establecerse estatutariamente los criterios de proporcionalidad del voto. La administración de la entidad está confiada al consejo rector, que se configura como un órgano de representación y gestión de la cooperativa de crédito y cuyos miembros son nombrados por la asamblea general. La Ley de Cooperativas de Crédito, sin embargo,  tiene carácter de derecho supletorio respecto del de las Comunidades Autónomas con competencias legislativas en esta materia.

En Andalucía, el decreto 158 de 10 de agosto de 1983 regula las competencias del gobierno de la Comunidad Autónoma en relación con las cooperativas de crédito y cajas rurales y el 2 de mayo de 1985 se promulga la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, que es sustituida por un nuevo texto legal mediante la Ley 2/1999 de 31 de marzo en la que la sección tercera del capítulo tercero se dedica a las cooperativas de crédito, concretando su objeto, constitución, régimen económico, operaciones con terceros y sistema de control e inspección, competencia de la Junta de Andalucía.

Cajas Rurales andaluzas.  El primer censo de sindicatos agrícolas y cajas rurales conocido es el de 1909, fecha en la que existen en España 129 sindicatos agrícolas con caja rural, de los que ocho están en Andalucía (6,20 por 100). Dos años después, el número de sindicatos con caja rural se ha elevado en toda a España a 1.771, de los que 105 se hallan en Andalucía, lo que representa el 5,92 por 100 del total nacional.

La reestructuración del sector que se produce en los años sesenta, a la que antes se ha hecho referencia, produce una concentración del número de Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito de forma que las 3.587 cajas rurales que hay en España en 1965 pasan a 2.098 en 1966, a 589 en 1967, 618 en 1967 y 656 en 1969.

A comienzos de los años ochenta existen en España 127 cajas rurales, clasificadas de la siguiente forma: cajas locales, 57; cajas comarcales, 14; cajas provinciales, 50 y cajas comarcales-provinciales, 6.

Las cajas rurales existentes entonces en Andalucía son las 15 siguientes:

Cajas locales: Utrera (Sevilla), Torredonjimeno (Jaén), Nueva Carteya (Córdoba), Cañete de las Torres (Córdoba), Adamuz (Córdoba) y La Carlota (Córdoba).

Cajas comarcales: Baena (Córdoba)

Cajas provinciales: Cádiz, Sevilla, Jaén, Córdoba, Huelva, Málaga, Almería y Granada.

No existe un estudio específico sobre los orígenes y la evolución de las Cajas Rurales en Andalucía y los datos cuantitativos sobre los primeros años de las mismas son extraordinariamente precarios; la primera de ellas es la de Jaén, fundada en 1957, y dentro de la misma década de los años cincuenta se llegarían a fundar las de Torredonjimeno, Nueva Carteya y Adamuz. La remodelación legislativa, funcional y organizativa que se produce en el sector en la década de los años sesenta, de la que antes se ha hablado, va a provocar la fundación de las demás; así, en 1962 nacen la Caja Rural Provincial de Málaga y las de Baena y Cañete de las Torres; en 1963 la de Almería, en 1964 las de Sevilla, Córdoba y Utrera; en 1965 la de La Carlota, en 1967 la de Huelva, en 1969 la de Cádiz y, finalmente, en 1970 tiene lugar la fundación de la Caja Rural Provincial de Granada.

Todas ellas desarrollan su actividad en unos márgenes discretos hasta el advenimiento de la crisis del sistema financiero de principios de los años ochenta. En este contexto de crisis, que afecta por las razones antes dichas a las Cajas Rurales, merece una especial atención la de la Caja Rural Provincial de Jaén, que requiere ayuda financiera pública por importe de 11.750 millones de pesetas a la Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén y de 15.410 a la UTECO de Jaén, un total de 27.160 millones de pesetas, que son los préstamos de la Caja Rural Provincial con ambas entidades. La crisis de la entidad es motivada por la extralimitación de su labor, subvencionando indirectamente la actividad agrícola mediante dos sociedades cooperativas de producción vinculadas a su Consejo Rector.

También la Caja Rural Provincial de Sevilla es intervenida por el Banco de España en 1983, aunque consigue salir reestructurada de aquella situación. La de Málaga tiene que llevar a cabo en 1984 un fuerte plan de saneamiento del que también logra recuperarse, en tanto que la Caja Rural Provincial de Cádiz, en una situación en la que pocos confian en el futuro del sistema, es adquirida por la Caja de Ahorros de San Fernando en 1986.

En los años siguientes el sistema contemplaría tan sólo dos reducciones de escasa importancia: la de la Caja Rural de Torredonjimeno en 1989 y la de La Carlota en 1991, absorbidas dentro de sus respectivos ámbitos provinciales. El sistema, por consiguiente, resiste, dentro de un mercado muy compartimentado, la presión fusionista que se extiende por todo el sistema financiero español desde mediados de los años ochenta y de las 15 entidades que hay en 1970, en el año 2000 sobreviven 12.

Finalmente, en el año 2000 se desarrollan dos acuerdos de fusión de gran importancia dentro del sector, por cuanto que afectan a cuatro de las más grandes entidades del mismo. El primero es el de la fusión de las Cajas Rurales Provinciales de Almería y Málaga, anunciado en el mes de mayo, para crear una nueva entidad, la Caja Rural Intermediterránea o Cajamar, con sede social en Almería,  la primera cooperativa de crédito de España, con unos activos totales, entonces, de 824.000 millones de pesetas, una inversión crediticia de 643.000 millones y unos depósitos de clientes de 680.000 millones; en el momento de la fusión sus oficinas ascienden a 570 y el número de empleados a 2.300. A finales de 2003, con unos activos de casi 9.000 millones de euros es la Caja Rural más grande de España, con un tamaño de más del doble sobre la segunda y una absorción de negocio superior al 20 por 100 del total de las Cajas Rurales españolas.

El segundo acuerdo de concentración es el de las Cajas Rurales Provinciales de Huelva y de Sevilla, anunciado el 19 de septiembre de 2000 y ejecutado al año siguiente, encaminado a crear la Caja Rural del Sur, una entidad que cuenta en su nacimiento con 325.020 millones de pesetas en activos totales medios, 233 oficinas y 781 empleados, que se convierte en la tercera caja rural española. A finales de 2003 tres Cajas Rurales andaluzas se encuentran entre las cinco más grandes de España: la Intermediterránea, la del Sur y la de Granada.

Todas las Cajas Rurales constituyen la Federación Andaluza de Cajas Rurales, que trata de fortalecer los lazos de cooperación y de potenciar su imagen, cuya presidencia, igual que su sede, es rotativa entre todas las entidades de Andalucía.

Las magnitudes económicas.  El cuadro número 2 contiene la información cuantitativa más destacada de las Cajas Rurales de Andalucía desde 1970 hasta 2003, periodo en el que el número de cajas se reduce de quince a diez y en el que el número de sucursales ha crecido en más de mil.

Los recursos propios que en 1970 son de 547 millones de pesetas, superan los 10.000 millones en 1983, los 50.000 en 1994 y alcanzan los 238.600 millones de pesetas en 2003, lo que representa entonces el 38 por 100 de los recursos propios totales de las Rurales españolas.

Los recursos ajenos pasan de 1.934 millones de pesetas en 1970 a más de dos billones de pesetas a finales de 2003; durante todo este periodo los depósitos de ahorro  de las Cajas Rurales andaluzas se sitúan entre el 20 y el 30 por 100 del saldo total de las Cajas Rurales españolas, con una permanente recuperación de cuota de mercado nacional en los últimos cinco años, que las lleva a situarse en el 35 por 100 a finales de 2003. Y en relación con el sistema financiero andaluz, el ahorro depositado en las oficinas que las Cajas Rurales tienen en Andalucía representa a finales de 2003 el 13,5 por 100 de los recursos totales captados por el sistema financiero en Andalucía, lo que no resulta ya una cuota de mercado en absoluto despreciable.

Por lo que se refiere a las inversiones, hay que decir que desde siempre las Cajas Rurales dan prioridad a los préstamos frente a las inversiones en valores, de manera, por ejemplo, que en 1980 la inversión en préstamos es de 56.161 millones de pesetas frente a 5.860 en valores y que en 2003 los préstamos llegan a 2 billones de pesetas, cuando los valores son 78.838 millones, lo que muestra bien a las claras la vocación que ha definido a estas entidades. Tanto en uno como en otro caso, la tendencia es que los préstamos y los valores representen entre el 25 y el 35 por 100 del saldo nacional de estas magnitudes.

En conclusión, las diez Cajas Rurales andaluzas vienen a representar aproximadamente un tercio de los activos de las Cajas Rurales españolas, lo que da idea de la potencia relativa que este grupo ha llegado a adquirir en la Comunidad Autónoma donde, como se dice más arriba, administran una cuota de mercado que se acerca al 15 por 100.

 

 
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