Aunque la provincia de Málaga no se configuró como tal hasta la división administrativa de 1833, la misma fue escenario desde finales del siglo XVIII de algunos de los acontecimientos que jalonaron la vida política, económica y social del país. Y, como en el resto de España, también encontraron eco en ella los sucesos que el 2 y 3 de mayo dieron paso a una nueva guerra con Francia: la Guerra de la independencia. En consecuencia, el 30 de mayo de 1808 se constituyó una Junta Revolucionaria provincial presidida por el entonces gobernador militar, Teodoro Reding, que, a pesar de sus esfuerzos, no pudo evitar la entrada de las tropas francesas en la ciudad en febrero de 1810. Distinta fue la situación en la provincia, donde la creación de las partidas de resistencia y lo abrupto del terreno favoreció la “guerra de guerrillas” contra los ocupantes, centrándose los principales focos en la Serranía de Ronda y en los Montes Orientales, donde operaron las partidas de Diego Leonardo Sánchez, Alonso Mariscal y Antonio Ortiz de Zárate, apodado el Pastor.
Fue en este contexto en el que tuvo lugar la primera experiencia de gobierno liberal, con las Cortes de Cádiz y la aprobación de la Constitución de 1812. Pero cuando apenas habían transcurrido dos años de la salida de las tropas francesas de la capital, Fernando VII restauraba la monarquía absoluta. Con su vuelta se iniciaba la persecución y el exilio de los liberales, quienes en su intento por recuperar el poder recurrieron a la conspiración y al pronunciamiento, jugando Málaga un papel relevante en cuantos tuvieron lugar desde entonces. En enero de 1820, y después de recorrer la provincia, Riego se “pronunciaba” en favor de la Constitución en Las Cabezas de San Juan (Sevilla), iniciándose así una nueva etapa de poder liberal: el Trienio Constitucional.
Políticamente, el mismo supuso la recuperación de las normas de Cádiz. Además de ello, lo más destacable fue la canalización de la vida política a través de la prensa, de las sociedades secretas y de las llamadas Sociedades Patrióticas, entre las que sobresaldrá la Confederación Patriótica de Málaga, que, constituida en abril de 1820, se extendió por la capital, por Vélez-Málaga, Ronda y otros pueblos. El fuerte componente liberal y el predominio de los elementos exaltados en la población malagueña se dejó notar igualmente en las frecuentes manifestaciones y asonadas, en particular las ocurridas entre enero y abril de 1821, que tenían como objetivo forzar la expulsión de los elementos sospechosos de absolutismo o colaboración con las tropas francesas de ocupación.
Pese a ello, tres años después, la intervención de los “cien mil hijos de San Luis” ponía punto final al Trienio, iniciándose una década de nuevo gobierno absolutista (1823-1833) en la que se recrudecieron los episodios de violencia contra los liberales. En julio de 1824 fueron fusilados tres emisarios llegados desde el Peñón; entre septiembre y noviembre sufrían la misma suerte distintos vecinos de Benahavís, Benaoján, Estepona e Igualeja, y en los primeros días de diciembre de 1826 el pueblo de Málaga asistía a la detención y posterior ejecución del brigadier Torrijos y sus compañeros de armas, que quedarían inmortalizados por el obelisco levantado en su honor en la Plaza de la Merced.
Sin embargo, la muerte de Fernando VII en 1833 favoreció el acercamiento de la corona a los liberales, única fuerza capaz de asegurar los derechos de la infanta Isabel al trono frente las pretensiones de Carlos María Isidro. El símbolo del consenso logrado fue el Estatuto Real de 1834, elaborado por Francisco Martínez de la Rosa y protestado desde amplios sectores de la población española, que demandaban la reunión de Cortes según la Constitución de 1812, una nueva ley electoral y la reorganización de la milicia nacional.
Secundando estos objetivos, el 23 de agosto de 1835 se formaron sendas juntas revolucionarias en Málaga capital y en Torremolinos, a las que siguieron en los días siguientes las de Antequera, Casares, Ronda ...., en un proceso que se prolongó hasta el mes de octubre. Entonces, el descontento popular por el rumbo político que los grandes propietarios y la alta burguesía (Conde de Mollina, Martín Larios, Pablo Parladé...) imponían sobre la institución, forzó la elección de una segunda junta integrada mayoritariamente por miembros de la pequeña burguesía cercanos al progresismo, como Joaquín García de Segovia, Antonio Fernández del Castillo o Rafael Pérez. La inestabilidad política que vivía Málaga alcanzó su cenit en julio del año siguiente, al levantarse en armas la Milicia contra el gobierno en unos episodios que costaron la vida a los gobernadores militar y civil de la provincia, general Saint-Just y conde de Donadío.
Mientras en el bando liberal se sucedían los enfrentamientos entre progresistas y moderados, la guerra carlista continuaba. En Málaga los episodios más reseñables tuvieron como escenario la Serranía, donde el cabecilla carlista Gómez ocupó Ronda el 16 de noviembre de 1836. Después de 1837, con un ejército liberal dirigido por generales progresistas, la derrota militar del carlismo se aceleró, abriendo la conclusión de la guerra una nueva coyuntura política. Una coyuntura que estaría marcada por la entronización de la infanta Isabel, que fue coronada como reina de España a los 13 años de edad, y durante la que tuvo lugar la definitiva institucionalización de la revolución liberal mediante la creación de un aparato político, administrativo y fiscal al servicio de la oligarquía.
Sociedad de ricos y pobres. Coincidiendo con ello, Málaga se convirtió en sede de una moderna industria representada por los altos hornos de La Concepción (1826), La Constancia (1833) y El Ángel (1841); por las nuevas fábricas textiles de Industria Malagueña (1847) y La Aurora (1856), y por el conglomerado de pequeños establecimientos dedicados a la fabricación de jabón, ácidos sulfúricos, harinas, azúcar, conservas. De la misma forma que fue al amparo de las leyes aprobadas por los progresistas que se construyó el ferrocarril Málaga-Córdoba y se crearon el Banco de Málaga y otras sociedades de crédito.
De esta manera, comerciantes, industriales, especuladores y financieros ocuparon posiciones preeminentes que refrendaron con su ascenso social y con la ocupación de los resortes del poder político. Baste citar los nombres de Manuel Agustín Heredia, Martín Larios y Jorge Loring; de los antequeranos José Moreno Burgos, Gregorio de Uribe y José Díaz de Tejada, o de los rondeños Miguel Loayza y José María Avela Pinzón. Paralelamente se abrieron nuevas posibilidades de promoción en las carreras de la administración, en particular en la abogacía, como ejemplifican los itinerarios seguidos por Cánovas del Castillo, los rondeños Antonio y Francisco de los Ríos Rosas o el veleño Federico Vahey Alba. Fue igualmente esta fracción de la burguesía la gran beneficiaria de la desamortización, al declararse en venta las propiedades rústicas y urbanas pertenecientes al Estado, al clero y a los “propios y comunes” de los pueblos, de los que en la provincia se clasificaron como vendibles más de ciento veinte mil hectáreas de monte de las apenas 145.000 con que contaba.
Consecuencia del desarrollo económico, de la presión demográfica y de las medidas desamortizadoras, la capital vio cambiar también su aspecto. La aparición de las grandes chimeneas y los nuevos complejos fabriles se vio complementada con la apertura de nuevas calles y una mayor preocupación en materia de higiene pública y alcantarillado. En el recuerdo estaban aún vivas las imágenes de la epidemia de cólera que azotó la ciudad en 1833-1834 y que dejó un saldo de 2.000 muertos. Fue aquella misma lógica la que animó las obras del abastecimiento de agua y alumbrado, con la mejora de los acuíferos de San Telmo y de La Trinidad (1850-1865) y con la instalación de la fábrica del gas en 1854.
Signo de los tiempos fue igualmente la construcción de edificios destinados a los espectáculos y al ocio de la burguesía: teatros, cafés, gabinetes de lectura, círculos… Entre los años cuarenta y setenta se construyeron en la capital los Baños de las Delicias, el Liceo Científico, Literario y Artístico (1852), el Teatro del Príncipe Alfonso (1861), el Círculo Mercantil (1862), el Teatro Cervantes (1870)... Mientras que en Ronda nacía el Casino (1859) y en Antequera lo hacían la nueva plaza de toros (1848), la Sociedad de Equitación y Fomento de la Cría Caballar (1854) y el café llamado “de los Tres Salones” (1879).
Distinta fue la incidencia que estos cambios tuvieron entre las clases populares y obreras, cuyo número no dejó de incrementarse. Particularmente entre los obreros fabriles, que a mediados del ochocientos cincuenta superaban los 5.000: 3.000 de ellos en la capital y más de 2.000 en las fábricas de lanas antequeranas. Privadas de los recursos económicos necesarios, las clases subalternas permanecían marginadas de los centros de decisión política y de los circuitos culturales, al ejecutarse con penosa lentitud la legislación liberal en materia educativa y asistencial. En una fecha tan tardía como 1877, en la provincia tan sólo sabía leer y escribir el 33% de la población masculina.
Así, pues, la miseria, el hambre y el analfabetismo marcaron la trayectoria de unas clases obreras tempranamente organizadas y con unos niveles de conflictividad particularmente elevados. Ya en 1834 y 1849, el Ayuntamiento antequerano se hizo eco de la miseria e indigencia en que se hallaban los jornaleros del campo. En agosto de 1854 más de 40 braceros de Coín pedían el reparto de las tierras de la duquesa de Montellano. En parecidos términos se manifestaron por las mismas fechas los de Colmenar al reclamar las tierras del Ducado de Arcos. En enero de 1856 más de 300 campesinos entraron en la capital pidiendo pan y trabajo y dando vivas a la República. En 1861 la conocida como Revolución de Loja fue secundada en la provincia por más de 4.000 personas procedentes tanto de la capital como de los partidos rurales y de la comarca de Antequera, denotando la amplitud de la base social con que contó en su doble vertiente urbana y rural: pequeños propietarios, comerciantes, abogados, artesanos y jornaleros.
Ésta fue la base social sobre la que se conformó la democracia en Málaga, y la que protagonizó en septiembre de 1868 una nueva intentona revolucionaria, esta vez con la suficiente fuerza como para expulsar a la dinastía reinante y romper con las formas políticas y sociales del liberalismo moderado. Era “la Gloriosa”, con la que se abrió un tiempo nuevo: el del “sexenio democrático” de 1868-1874, y a lo largo de cuya inestable vida política se aprobó una nueva Constitución, la de 1869, con la que se instauró la monarquía de Amadeo de Saboya y se proclamó la Primera República. Una etapa durante la cual Málaga vivió la decidida irrupción de las clases populares y obreras en la vida pública. En unos casos, de la mano de los republicanos y, en otros, con la creación de la Primera Internacional (AIT).
Dirigido por la pequeña burguesía democrática, y contando con una amplia base popular y obrera, el republicanismo se configuró desde aquellos momentos como un proyecto político y social moderno, con una gran capacidad de movilización tanto electoral como callejera. En diciembre de 1868 las primeras elecciones por sufragio universal les deparó el triunfo en los ayuntamientos de la capital, Antequera y Ronda. En enero de 1869 conseguían tres de los escaños a Cortes Constituyentes. En octubre se levantaban en armas contra el gobierno, haciéndose fuertes en la Serranía de Ronda las partidas mandadas por Fermín Salvochea y José Paúl Angulo. En marzo de 1871 obtenían dos diputados a Cortes: uno en la capital y el otro en Vélez-Málaga, mientras que en las elecciones de agosto de 1872 se lograron los seis escaños en disputa. Gracias a esta fuerte implantación, las ideas de libertad, de democracia y de laicismo fueron ganando terreno. No obstante, no lograron quebrar ni la accidentada y efímera experiencia de la Primera República (1873), ni la fuerte competencia que en el plano social representaba la Federación Local de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT o Primera Internacional).
Después de Madrid y Barcelona, el internacionalismo malagueño fue uno de los más activos, tanto por el número de afiliados como por su proyección nacional. A partir de la capital, y contando en sus filas con artesanos (Federico Deomarco, Juan Guilino Baitón), trabajadores fabriles (Miguel Pino Mata, Antonio Palomo González) e incluso estudiantes (José y Gaspar García Viñas), y apoyados en los órganos de prensa (La Justicia, 1871, y La Internacional, 1873), el internacionalismo se extendió por Sabinillas, Vélez-Málaga, Alhaurín de la Torre, Nerja y Benalmádena; al tiempo que animó la mayoría de conflictos y huelgas conocidos durante el periodo, entre ellos el que protagonizaron en agosto de 1872 una treintena de oficios, incluidos los 2.000 trabajadores de Industria Malagueña.
La Restauración. Al comenzar el año 1875, la vida española, tan ajetreada durante el sexenio anterior, volvió a sus tradicionales cauces con la restauración de los Borbones. Con los sucesivos pronunciamientos de los generales Pavía y Martínez Campos, los grandes propietarios y la alta burguesía encontraron la ansiada estabilidad política y social, máxime cuando el “modelo” diseñado por el malagueño Cánovas del Castillo limitaba el derecho al voto y el de asociación a la minoría dirigente.
En esta nueva etapa el ejercicio del poder lo detentaron alternativamente los partidos “dinásticos”: conservador y liberal. Suerte de “tertulias de notables” con una estructura piramidal en la que el poder se transmitía de arriba abajo, como ejemplifica el hecho de que la sola presencia de la Casa Larios y otros caciques provinciales fuera suficiente para asegurar el control del poder político. No obstante ello, conservadores y liberales se encontraban fragmentados en distintos grupos y círculos que servían de soporte a las aspiraciones políticas de sus líderes: Cánovas del Castillo, Antonio Campos Garín, Enrique Crooke Larios, Romero Robledo, Francisco Bergamín y el rondeño Lorenzo Borrego Gómez, entre los primeros, y Liborio García, Bernabé Dávila y José López Domínguez, entre los liberales.
En el otro extremo se encontraban las fuerzas antidinásticas: republicanos y organizaciones obreras principalmente, que se reorganizarán desde los años ochenta al amparo de la Ley de Asociaciones de 1887. Divididos también en distintas corrientes, posibilistas (Carvajal-Hué), centralistas (Eduardo Palanca), progresistas (Gómez Gómez y Gómez Chaix) y federales (Aguilar Pérez-Coronel y Antonio Azuaga), hasta los grandes éxitos electorales de principios del siglo XX los republicanos se tuvieron que contentar con su presencia en el Ayuntamiento de Ronda, donde en 1891 obtuvieron las 11 concejalías en disputa.
Teniendo como antecedente un Ateneo Obrero, en 1885 quedó constituida la Agrupación Socialista malagueña, cuyo radio de acción se fue extendiendo desde 1890 por la Axarquía y la comarca de Antequera gracias a militantes como Rafael Salinas, Antonio Valenzuela, Antonio Campos.... Análogo fue el proceso seguido por la UGT, que en 1892 contaba en la provincia con 12 secciones de oficio. Sin embargo, los sucesivos fracasos que sufrió en las huelgas convocadas en Industria Malagueña, la primera en 1890 y la segunda en 1894, hicieron entrar al socialismo malagueño en una fase de atonía de la que no saldría hasta bien entrada la década de 1910.
Mayor implantación logró entre los obreros malagueños la corriente anarco-sindicalista que representaba la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE). Los 15.000 afiliados que tenía a principios de los ochenta se repartían por la capital y por las comarcas de Antequera, Serranía de Ronda y Vélez Málaga, donde agricultores, vinicultores y hortelanos representaban casi el 53% del total. Contando con nombres como José Guillot, Cristobal Grima, Antonio Galán o Miguel Padilla y apoyada desde las páginas de El Trabajo (1882) y Nueva Aurora (1909), la “idea” se mantuvo viva hasta la constitución de la CNT en 1911 con la celebración de mítines y veladas en conmemoración de la Comuna, del 1º de Mayo o de los Mártires de Chicago.
Unos actos que estaban marcados por la austeridad y la parquedad. A lo que no eran ajenas ni la dura represión que tuvieron que soportar las clases obreras ni las difíciles condiciones de vida en las que se encontraban. La crisis industrial y comercial finisecular, las inundaciones y terremotos que afectaron a la zona oriental de la provincia, la epidemia de cólera de 1885 y las frecuentes avenidas del río Guadalmedina, agravaron su situación tanto en la capital como en amplias comarcas del interior. La imagen imperante en los años finales del siglo XIX era la de una sociedad marcada por enormes desigualdades, en la que las relaciones de clase descansaban en la explotación de una mayoría por la minoría oligárquica. De tal manera que, coincidiendo con la crisis abierta tras el asesinato de Cánovas del Castillo (1897) y el desastre colonial del año siguiente, los motines y manifestaciones contra la carestía de los artículos de consumo –las conocidas como “marchas del hambre”– recorrieron toda la geografía provincial, con particular incidencia en pueblos como Alozaina, Casares, Teba, Coín, Antequera, Alameda, Ronda, Ojén, Fuengirola y Álora
El reinado de Alfonso XIII. Como ha escrito J.A. Parejo, los 30 primeros años del siglo XX suponen un periodo de lenta pero apreciable modernización económica que afecta tanto a la agricultura –el sector productivo predominante–, como a la industria. El proceso se manifiesta tanto en el aumento de la productividad como en la diversificación de la producción, con el incremento de la explotación del olivar y las plantas industriales en el campo, y el aprovechamiento del tirón urbanístico y demográfico –más de 50.000 nuevos habitantes en Málaga–, que trae consigo un impulso de la industria alimentaria, química y metalúrgica.
Políticamente el reinado es una época conflictiva, especialmente a partir de la crisis provocada por los efectos de la I Guerra Mundial y de la Guerra de Marruecos. Sin embargo, el sistema experimenta algunos intentos de reforma bajo el impulso del regeneracionismo que impregna la vida española tras el Desastre de 1898. Así, la reforma electoral de Maura de 1909 permitió la entrada en escena de las fuerzas de la oposición republicana y obrera que gobernaron durante algunos años el Ayuntamiento de la capital malagueña y algunos de la provincia, implantando reformas sociales y educativas. Desde los dos grandes partidos del sistema –conservadores y liberales– se impulsaron también reformas en infraestructuras como las obras de defensa del Guadalmedina, el pantano del Chorro o la Fábrica de Tabacos.
La distancia cada vez mayor entre la “España real” y la “España vital” de Ortega, simbolizada en Málaga en el peso del caciquismo conservador de la Casa Larios –la principal de las familias oligárquicas de la provincia– y la existencia de grandes diferencias sociales, crearon las condiciones para el enfrentamiento social y la pérdida de credibilidad de la Monarquía. Con gran tradición societaria, durante este periodo avanzan las organizaciones obreras en Málaga, afirmándose la dualidad de una presencia anarquista en la capital y socialista en la provincia. Desde 1909, republicanos y obreros trabajan juntos en las luchas electorales, preparándose así el instrumento que traerá la República en 1931. La huelga de las mujeres de 1918 muestra la presencia de nuevos sujetos políticos en la historia de España.
El Desastre de Annual fue el detonante de la crisis política y social que se había agudizado tras la primera posguerra mundial. La monarquía jugó entonces la carta militar y aceptó el hecho consumado del golpe del general Miguel Primo de Rivera en 1923.
La Dictadura se presentaba como saneadora de la vida pública y aprovechó el descrédito de los partidos para nombrar “delegados gubernativos” que terminasen con las prácticas caciquiles o buscar “hombres nuevos” y nuevos instrumentos como la Unión Patriótica y los Somatenes. El símbolo en Málaga de la nueva clase política dictatorial fue el nombramiento como alcalde de la ciudad del médico José Gálvez Ginachero, o la participación de conocidos miembros de la burguesía como Sáenz Calvo, Peralta, Crooke o el Conde de Guadalhorce en la Unión Patriótica.
Lo más positivo de la época fueron los éxitos en Marruecos y las obras públicas emprendidas en un clima de franco crecimiento económico: el Plan de Grandes Reformas, la construcción de la Ciudad Jardín, el Paseo Marítimo y las mejoras en la red de carreteras, telecomunicaciones y repoblación forestal, así como el impulso dado al turismo como un nuevo factor de desarrollo económico.
En cambio, la dictadura fue incapaz de articular una alternativa institucional al margen de la democracia. En Málaga, la crisis del régimen de Primo de Rivera se manifiesta en la reaparición de las oposiciones republicana y obrera, con una creciente conflictividad laboral.
La II República. El 12 abril de 1931, unas elecciones municipales pensadas para restablecer el orden constitucional tras la Dictadura se convirtieron en un plebiscito entre Monarquía y República. La candidatura que reunía a republicanos, socialistas y comunistas ganó en la capital y dos días después la bandera republicana recorría las calles y se izaba en el Ayuntamiento. La República llegaba a Málaga y a España con el consenso generalizado, aunque en medio de la crisis económica mundial y en un país con profundas diferencias sociales y graves problemas políticos.
Poco después, los sucesos de mayo convulsionaron a la sociedad malagueña y mostraron la impericia de las autoridades y el odio de los sectores más radicales hacia la Iglesia, cuyos bienes resultaron sistemáticamente destruidos con la quema de edificios religiosos y la pérdida de un importante patrimonio artístico, aunque no se produjeron víctimas humanas. El hecho, sin embargo, sirvió a quienes identificaron desde entonces al nuevo régimen con el desorden y la persecución religiosa.
Si la Málaga conservadora había tenido a Bergamín o a Estrada entre la élite dirigente de la monarquía, la República supuso un cambio de personal político con los radicales socialistas Emilio Baeza Medina –nuevo alcalde de la capital– y Aurelio Ramos Acosta, el sastre antequerano García Prieto como alcalde y diputado socialista, el médico comunista Cayetano Bolívar también diputado, Pedro Gómez Chaix –presidente del Tribunal de Cuentas–, Victoria Kent –directora general de Prisiones–, y Enrique Ramos, subsecretario de la Presidencia y ministro de Hacienda y Trabajo y persona del círculo del presidente Azaña, entre otros.
La Gran Depresión frenó el impulso de la economía malagueña, disparó las cifras de desempleo y, aunque no hubo malas cosechas, propició las condiciones para una durísima conflictividad social en el campo y en la capital. Con una población activa agrícola que rozaba todavía el 70%, la lentitud y cortedad de la reforma agraria republicana apenas sirvieron para paliar la tensión en los campos malagueños, originada en gran parte en torno a la resistencia patronal a aplicar la legislación laboral del ministro Largo Caballero. El ápice de las tensiones, como ha escrito José Velasco, vino en junio de 1934 con la huelga general campesina y los reflejos de la revolución de Asturias con el levantamiento de Teba.
Electoralmente Málaga se mostró claramente de izquierdas en las elecciones de 1931 y 1936, y con un empate en el número de diputados en las de 1933, cuando los radicales abandonaron la alianza de izquierdas y votaron por primera vez las mujeres. En estas últimas elecciones la capital fue pionera al formarse el primer embrión de lo que luego sería el Frente Popular y al elegir por primera vez en España un diputado del PCE: el médico Cayetano Bolívar.
Entre las realizaciones republicanas destacan la educación y la cultura, al triplicarse el número de escuelas, ponerse en marcha las Misiones Pedagógicas y nuevas bibliotecas o protegerse el patrimonio histórico. Hubo también preocupación por las infraestructuras y la ciudad se vio enriquecida con nuevos edificios singulares como la Casa de la Junta de Obras del Puerto, el cine Málaga Cinema o el Banco de España. En 1935 se recuperaban tras una recogida de firmas las procesiones de Semana Santa.
La Guerra Civil. El levantamiento militar del 18 de julio de 1936, en el que estaba implicada la mayoría de la oficialidad de la guarnición, fracasó en Málaga gracias a la actitud decidida de los partidos y organizaciones obreras y de las fuerzas de seguridad y las autoridades republicanas. La Guerra Civil que siguió ha marcado profundamente a varias generaciones de malagueños, y aún hoy sigue siendo motivo de debate ciudadano sobre su memoria y la de sus víctimas. Pese a no ser un frente decisivo de la Guerra, la caída de Málaga impresionó a la opinión pública de la España republicana y dio lugar a una investigación parlamentaria sobre sus causas y sobre un posible abandono por parte del gobierno de Largo Caballero.
El levantamiento militar desarticuló el Estado republicano y dio protagonismo a una organización revolucionaria a base de comités en toda la provincia y a la organización colectiva de la economía. Málaga sufrió los efectos propios de las nuevas guerras del siglo XX: los bombardeos sobre la población civil, la represión, la llegada de refugiados y, finalmente, el durísimo éxodo por la carretera de Almería. Durante el dominio republicano, la represión –muchas veces incontrolada– se cernió sobre sacerdotes, propietarios, militares, políticos derechistas e intelectuales como José María Hinojosa. Tras la toma de la ciudad por las tropas de Franco, se produjo la venganza sobre los vencidos con una de las represiones más duras de la Guerra Civil, que superó con mucho a la del periodo republicano.
El Franquismo. La época de Franco se inicia con la eliminación de los valores que habían rodeado la etapa republicana y el castigo a quienes los habían representado, consistente en la condena a muerte o a largas penas de cárcel, campos de concentración y trabajos forzosos. Muchas mujeres recibieron un trato vejatorio, siendo exhibidas rapadas en los pueblos. Un clima de miedo y delaciones se extendió por toda la provincia, aunque también se dieron casos de mediación en uno y otro bando a favor de amigos, empleados o conocidos. La oposición mantuvo sin embargo una actividad en cárceles y campos de concentración, y muchos republicanos buscaron protección en las montañas de la provincia, donde nacería la lucha armada de la guerrilla antifranquista.
Durante los años cuarenta –la época fascista del franquismo– la gran mayoría de la población malagueña sufrió la carestía, el hambre y las enfermedades. Los años de la autarquía fueron de profunda crisis económica en todos los sectores productivos y hasta finales de la década de los cincuenta no se recuperarían los índices de producción anteriores a la Guerra. El racionamiento y la carestía de los productos básicos fue acompañado del contrabando –estraperlo–, practicado en toda la provincia con la participación de numerosas autoridades.
El franquismo buscó en las realizaciones sociales y de infraestructuras, y en el apoyo de la Iglesia, la legitimidad de la que carecía tras la derrota del fascismo en la II Guerra Mundial y la condena internacional del régimen. Desde el Gobierno Civil, que concentraba todo el poder político, se impulsan las obras públicas, la vivienda, la educación y las prestaciones sociales. La Falange mantenía la vigilancia ideológica, el control de los sindicatos, el encuadramiento y la formación política de estudiantes, profesores, mujeres y jóvenes a través de sus organizaciones, y de la prensa, representada por el diario Sur y La Tarde.
La década de los años sesenta iba a cambiar el panorama anterior, con el despegue turístico de la Costa del Sol y un fuerte crecimiento económico que, sin embargo, sería desequilibrado y traería aparejado un alto coste social con la emigración. Paradójicamente, estos cambios, lejos de asentar el franquismo, pusieron las bases de su cuestionamiento por parte de los trabajadores, las nuevas clases medias y los estudiantes de los primeros centros universitarios malagueños. Además, los cambios en el interior de la Iglesia con el Concilio Vaticano II llevaron a muchos de sus miembros en la provincia a adoptar posiciones antifranquistas y de compromiso con los sectores obreros.
A finales de los sesenta aparece el nuevo sindicalismo de las Comisiones Obreras, que favorecerá un aumento progresivo de la conflictividad laboral. Sin embargo, la represión policial se mantuvo hasta el final del franquismo desarticulando las organizaciones sindicales y políticas clandestinas y procesando y encarcelando a sus militantes.
Pese a todo, la decadencia física de Franco coincidía con una pujante actividad opositora que unía a obreros, curas, profesores y estudiantes, y a los intelectuales que gozaban en Málaga de una nueva plataforma con el arranque del Ateneo en 1966. Incluso desde dentro del régimen, algunos sectores propiciaban una evolución pacífica hacia posiciones cercanas a la democracia occidental.
La Transicion democrática. La muerte de Franco y la restauración de la monarquía de Juan Carlos I abren el proceso de Transición a la democracia, aunque ésta no puede entenderse sin la labor desarrollada por las fuerzas de la oposición democrática en la clandestinidad. El cambio político fue acompañado de una fuerte conflictividad laboral como consecuencia del impacto de la crisis mundial del petróleo.
La legalización de los partidos políticos y la convocatoria de elecciones en 1977 demostraron la nula herencia del franquismo en Málaga y la recuperación de la memoria histórica republicana con la victoria de la izquierda –cuatro diputados del PSOE y uno del PCE–, frente a los cuatro de la UCD.
La novedad, sin embargo, era la aparición de un fuerte sentimiento regionalista que propició la reivindicación de Andalucía como región autónoma dentro de la Constitución de 1978, y que se manifestó multitudinariamente en la gran protesta del 4 de diciembre de 1977. Los enfrentamientos producidos entre manifestantes y policía al final de esa jornada produjeron la muerte de José Manuel García Caparrós y episodios de revuelta urbana que mostraban la gravedad de la crisis económica y social en Málaga, y la persistencia de actitudes involucionistas en las fuerzas policiales.
Durante la etapa de gobierno de UCD se llevaron a cabo en 1979 las primeras elecciones municipales que confirmaron la tendencia de izquierdas del voto en la provincia y desembocaron en un pacto de gobierno entre socialistas, comunistas y andalucistas que llevó a la Alcaldía de Málaga al médico socialista Pedro Aparicio. La gestión socialista permitió la modernización de la ciudad tanto en infraestructuras básicas (transportes, playas, cementerio, estación de autobuses, etc) y saneamiento, como en servicios sociales, participación ciudadana y cultura y tradiciones. La ciudad participó de los proyectos Andalucía 92, y puso en marcha la Fundación Picasso en la casa natal, mientras la Diputación impulsaba el Centro de la Generación del 27.
Aunque en los inicios de la democracia Málaga presentaba las cifras más altas de paro de España (23% en 1981) y una fuerte conflictividad laboral, agravada por los efectos negativos para el turismo de las actividades terroristas de ETA en la Costa del Sol, el último cuarto del siglo XX –como ha señalado José Antonio Parejo– ha convertido a Málaga en una provincia en la que el 85% de la economía depende ya de la industria de la construcción y los servicios, y en la que se han realizado importantes obras de infraestructuras como la Autovía del 92, el nuevo aeropuerto, las rondas y la autovía del Mediterráneo.
Políticamente las elecciones autonómicas y generales marcaron desde 1982 la primacía del PSOE en la provincia y en el gobierno regional. Las sucesivas elecciones municipales dieron también a los socialistas el gobierno de la mayoría de los ayuntamientos y de la Diputación Provincial.
El cambio de signo político se abriría con la irrupción en 1991 en Marbella de Jesús Gil, con una alternativa que mezclaba el populismo, los intereses económicos y el autoritarismo, con gestos como reponer en la sede municipal el busto del general Franco. En 1995, tras la crisis interna en el PSOE, el Partido Popular arrebataba al PSOE la alcaldía de la capital –con un gobierno minoritario presidido por Celia Villalobos, que volvería a ganar sin embargo en 1999 por mayoría absoluta– y la Diputación, y se producía un año después la llegada de José María Aznar al gobierno de la nación. La Junta de Andalucía sin embargo siguió en manos de los socialistas, iniciándose un periodo de tensiones institucionales en torno a los grandes proyectos para la provincia. La Diputación Provincial volvió a ser gobernada por el PSOE en 1999 gracias a un pacto con Izquierda Unida y los andalucistas.
El nombramiento de Celia Villalobos como Ministra de Sanidad en el gobierno de Aznar permitió el acceso a la Alcaldía de Francisco de la Torre Prados, un técnico que había sido presidente de la Diputación en 1971 y perteneciente al sector evolucionista del franquismo, que formaría parte de la Unión de Centro Democrático durante la Transición. De la Torre revalidó la mayoría absoluta en las elecciones de 2003. Durante el mandato de los populares se inicia el proyecto del AVE Córdoba-Málaga, el Palacio de Ferias y Congresos, el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural de Ollerías y se continúan las obras de infraestructuras de comunicaciones en la provincia. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía –durante el mandato de Carmen Calvo– culminó el proyecto Picasso con la inauguración del Museo del Palacio de Buenavista en 2003. La Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento lograron con gran dificultad un acuerdo para el proyecto del Puerto de Málaga.
Málaga se sumó activamente a las movilizaciones estudiantiles contra la política del gobierno Aznar en materia educativa y a las grandes manifestaciones contra la decisión de intervenir en la Guerra de Irak junto a Estados Unidos y Gran Bretaña. Los atentados de Madrid precedieron a la victoria del PSOE en las elecciones generales de 2004 dando un vuelco a la política nacional. Rodríguez Zapatero llevó al gobierno a Magdalena Álvarez como Ministra de Fomento, impulsando las obras del AVE, la ampliación del aeropuerto, las autovías en la provincia y el rescate para la ciudad del antiguo Campamento Benítez. El nuevo gobierno socialista ha llevado a efecto asimismo la cesión de la Aduana para albergar el Museo de Bellas Artes de la provincia.
Manuel Morales Muñoz / Fernando Arcas Cubero |
