En la madrugada del 25 de abril de 1998 se producía la rotura del muro de contención de una balsa con residuos de las minas de Aznalcóllar propiedad de la multinacional sueco-canadiense Boliden-Apirsa, la brecha abierta alcanzó los 60 metros de anchura por 30 metros de altitud. Ese accidente provocó que en pocas horas llegaran al pequeño río Agrio, afluente del Guadiamar, y luego a éste, más de seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos. El desbordamiento del Guadiamar, el río que alimenta las marismas del parque nacional de Doñana, provocó a su vez que 4.600 hectáreas de parque y cultivos quedaran cubiertas por los lodos, alrededor de 60 kilómetros de cauces de ríos se vieron impregnados por la contaminación. El oxígeno sin disolver y los sólidos en suspensión (cinc, plomo, cobre, cobalto) diezmaron la vida subacuática: los peces muertos supusieron 30 toneladas, pero entre los cangrejos la mortandad fue mayor y alcanzó las 170 toneladas de crustáceos muertos. Las pérdidas se evaluaron en 240 millones de euros. Era sin duda la mayor catástrofe ecológica en la historia de Andalucía y ocurría precisamente en el área teóricamente más protegida de toda la Comunidad.
 La mina había entrado en funcionamiento en 1980, y ya con anterioridad el riesgo que suponía esa balsa para Doñana fue denunciado por diversos organismos y colectivos, como el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, que lo hizo en 1978. Dos años antes de la catástrofe la Confederación Ecologista Pacifista de Andalucía remitía a la Unión Europea un informe denunciando la situación de la balsa de residuos, la Comisión Europea solicitó explicaciones al Gobierno español, que contestó con un informe elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que negaba tales riesgos. La Comisión no investigó por su cuenta. La empresa había recibido importantes subvenciones tanto del gobierno central como del autonómico, que en el momento de la catástrofe superaban ya –sólo para la balsa- los 12 millones de euros. Boliden era por esos años una multinacional con un negro historial ecológico, incluido un envenenamiento masivo en Chile. La mina daba trabajo a alrededor de 520 personas y en el año precedente, 1997, se habían extraído de ella 125.00 toneladas de cinc, 48.000 de plomo y 4.700 de cobre. Los lodos retirados se llevaron a una mina a cielo abierto, en desuso, La Corta, y grupos ecologistas denunciaron que se había ubicado sobre un conocido acuífero, pero sin los debidos trabajos previos de impermeabilización. La presión de los trabajadores de la mina llevó a una reapertura de la misma en 1999, sin embargo Boliden, poco dispuesta a afrontar las inversiones que exige la normativa europea de medio ambiente, acababa por cerrarla definitivamente y abandonar Andalucía a los pocos meses. El 27 de diciembre de 2000, la juez del caso, Cecilia Belhadj-ben archivaba el caso en sus aspectos penales al estimar que ni Boliden, empresa propietaria, ni Dragados, empresa constructora, habían incurrido en delito de imprudencia grave. Era la juez que había archivado en 1996 unas diligencias por posibles flltraciones en el dique de la balsa minera.
 El Gobierno central impuso una sanción de 45 millones de euros a Boliden, tras expediente instruido por el ministerio de Medio Ambiente, sanción que Boliden podría cumplir en Suecia, donde tiene importantes bienes, pero en el momento de imposición de esa sanción no había normativa de la Unión Europea para garantizar su cobro, y no hubo pago. La Junta de Andalucía presentó a su vez una demanda reclamando el pago de los 90 millones de euros que costó la limpieza del vertido, sin embargo el juez sevillano al que correspondió conocer la cuestión, se declaró incompetente y la reivindicación entró en vía muerta. Los trabajos de la Junta incluyeron también la creación de un “corredor verde” en torno al Guadiamar, de Sierra Morena a Doñana, con 180 millones de euros de costo.
 La catástrofe de Aznalcóllar sirvió para poner en evidencia la precariedad de los instrumentos jurídicos para afrontar casos de tal magnitud y complejidad, también actuaciones judiciales muy discutibles y, en general, impotencia ante una multinacional que acabó abandonando sin más Andalucía. Las secuelas, además, siguen: a los seis años de la catástrofe un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir señalaba una presencia de metales –cadmio, cinc y cobre- en el Guadiamar muy superior a la permitida.

Antonio Checa