Este movimiento campesino se inscribe en una serie de protestas armadas contra el injusto orden socioeconómico y político instaurado con el Nuevo Régimen liberal. Aunque estos levantamientos se producen a lo largo de todo el territorio español, en los años cincuenta y sesenta del siglo XIX se desarrollan de manera especialmente frecuente en Andalucía, debido a la desequilibrada estructura económica y laboral del sector agrario en esta región. El programa y la ideología de este tipo de movimientos reflejan una confusa amalgama de propuestas demócratas, republicanas y obreras, e incluso, en algunos casos, incluyen también filiaciones masónicas. De lo que no cabe duda es de que responden a las demandas de subsistencia material y justicia social que plantean los trabajadores rurales andaluces, demandas que son canalizadas también a través del anarquismo.
 La llamada sublevación de Arahal en 1857 forma parte, en realidad, de un movimiento más amplio, puesto que, aunque se trata inicialmente de una conspiración política nacida en Sevilla capital que, en forma de batallón, recorre la campiña vecina en busca de apoyos, se convierte en un movimiento de contenido social al desarrollarse en una serie de localidades rurales de la provincia; a la vez, se producen movimientos similares en Málaga y Jaén que fracasan instantáneamente. El grupo sevillano, formado en buena medida por jóvenes y artesanos, mal armados y pertrechados, y dirigido por Manuel García Caro y Gabriel Lallave, según explica Joaquín Guichot en Historia general de Andalucía (1870), se dirige a Arahal, donde quema los archivos notariales –custodios de los títulos de propiedad que legalizaban la concentración de la tierra en las manos de los terratenientes locales–. También incendian el cuartel de la Guardia Civil, asaltan algunas casas y se dan gritos a favor de la República. En otras localidades –Utrera, Paradas, Morón y Benaoján– tienen lugar hechos similares.
 La represión del movimiento es dura y de intención ejemplarizante. Tras disolverlo expeditivamente tropas de caballería e infantería, acuchillando o lanceando a los sublevados que son encontrados, la Guardia Civil se encarga de apresar al resto de los huidos. La condena a muerte con la que se castiga a 150 detenidos es tan desproporcionada que levanta entre el vecindario de Sevilla numerosas peticiones de clemencia. Algunos años después, en 1861, se produce un movimiento similar, con epicentro en Loja y alcance en distintas comarcas de Granada, Málaga y Córdoba.

María Sierra Alonso