El Archivo General de Indias, ubicado en Sevilla, constituye el mayor depósito documental existente sobre la administración española en América y por extensión sobre América misma hasta el siglo XIX. Se crea por orden de Carlos III en 1785, y con ello el rey eje de la Ilustración española quiere reunir documentos dispersos hasta entonces en Simancas, Cádiz, la propia Sevilla y otras ciudades españolas y la generada por las Secretarías de Estado y aglutinar así información que ayude a generar una imagen muy diferente de la colonización española a la difundida en otros países europeos. Impulsa el proyecto José de Gálvez*, secretario de Indias, y completa su ejecución el historiador Juan Bautista Muñoz*. El archivo se ubica desde un principio en la Casa Lonja existente en Sevilla, construcción iniciada en tiempos de Felipe II sobre planos de Juan de Herrera, en austero estilo renacimiento, como centro para mercaderes cercano a la Casa de la Contratación*. El edificio, cuadrado, consta de dos plantas y tiene un patio central. La monumental escalera es posterior (1787) y se construye orientada ya al uso como archivo del edificio.
 Se establece la obligatoriedad de enviar los documentos anteriores a 1760 y en el mismo 1785 comienzan a llegar los primeros fondos. Hoy este archivo alberga más de 43.000 legajos, la mayoría de los cuales proceden del Consejo de Indias; totalizan unos nueve kilómetros de estanterías y unos 80 millones de páginas de documentos originales. Ofrece asimismo más de 6.300 mapas y planos. Parte de los fondos proceden de la citada Casa de la Contratación sevillana, por encima de los 3.000 de los Consulados de Sevilla y Cádiz, 2.750 del Tribunal de Cuentas, unos 3.000 aporta el  Archivo de la Capitanía General de Cuba, que llegan hasta fines del XIX. Los documentos de procedencia privada son proporcionalmente reducidos, aunque los hay de varios virreyes, del general Polavieja (siglo XIX) y de otros. Aunque no se consiguió totalmente el objetivo de reunir en él toda la documentación americanista, hoy en otros grandes archivos españoles –como el de Simancas, o el Archivo Histórico Nacional-, sólo se guardan unos 2.000 legajos de dichos siglos
 Alrededor de 15.000 investigadores consultan cada año esos documentos buscando datos sobre instituciones, iglesia, tráfico marítimo o de esclavos, economía, pueblos precolombinos, cartas autógrafas de personalidades como Hernán Cortés, fray Junípero Serra, Simón Bolívar o el propio Cristóbal Colón, centenares de planos de ciudades, bulas y otros múltiples aspectos relacionados con cuatro siglos, de 1480 a 1892, de historia del Nuevo Mundo y Filipinas (más de 1.000 legajos). Las ordenanzas de este archivo estatal, que datan de 1790, son consideradas un hito en la evolución de la archivística española. Este archivo, distribuido en 16 secciones, ha sido en España pionero en la informatización, gracias a un proyecto desarrollado por la Fundación Ramón Areces e IBM, junto con el Ministerio de Educación, entre 1986 y 1994, aunque ese carácter pionero llevó en muchos casos a reproducciones de baja resolución, que ahora están siendo mejoradas. En esa fase inicial se digitalizaron 9 millones de páginas, aproximadamente el 11% de los fondos del Archivo, aunque correspondían a los más demandados, por lo que se cubría el 80% de las consultas. El programa desarrollado para el Archivo General de Indias sirvió de pauta en los siguientes años para informatizar otros grandes archivos, como el Archivo General de la Nación de Colombia.
 Si en la primera fase la digitalización fue local. vía CD-rom, en la segunda se ha posibilitado su consulta por Internet, vía por ejemplo el proyecto Archivos Estatales en Red, AER, iniciado en 2000, fecha en la que el archivo andaluz tenía digitalizado ya el 30% de sus fondos. Hoy muchos de los fondos del Archivo General de Indias pueden consultarse cómodamente desde el ordenador de casa. A finales de 2003 los fondos procedentes del Archivo General de Indias representaban más de la mitad de los casi 18 millones de imágenes de fondos de archivos estatales españoles disponibles en red.
 La Junta de Andalucía ha demandado en algunas ocasiones al Gobierno central la gestión de este archivo. Las diferencias políticas han impedido también la consolidación de un patronato, al estimar el Ejecutivo andaluz insuficiente la representación que se contemplaba para él.

Antonio Checa

El Archivo de la Real Chancillería de Granada es uno de los fondos documentales más relevantes de España, como depositario desde principios del siglo XVI de toda la documentación de la Corona de Castilla generada al sur del Tajo (Andalucía, La Mancha, Extremadura, Murcia y Canarias) por la administración de justicia.
 La institución que da origen al archivo, la Real Audiencia y Chancillería de Granada, tiene su origen en la reforma judicial que impulsan los Reyes Católicos en 1495, quienes crean dos Reales Chancillerías, una en el norte (Valladolid) y otra en el sur; ésta se ubica primero en Ciudad Real, 1500, pero al poco, 1505, se traslada a Granada. Allí se mantiene hasta 1834, cuando desaparece la institución, sustituida por la Audiencia Territorial de Granada, con jurisdicción sobre Almería, Granada, Jaén y Málaga. Esta audiencia se extingue al crearse en 1988, con la autonomía andaluza, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada y jurisdicción sobre toda la comunidad.
 El archivo, de titularidad estatal, pasaba a ser gestionado por la Comunidad Autónoma en 1984. Hoy mantiene su papel de depositario del legado de las instituciones ya desaparecidas, en tanto sigue recibiendo la documentación procedente de los órganos jurisdiccionales vigentes, ahora abarcando sólo el territorio andaluz. El archivo granadino se ubica desde 1966 en la Casa del Padre Suárez, situada en la plaza granadina del mismo nombre, un palacio del siglo XVI, de tres plantas, que el Estado adquiere en 1954 y remodela para adecuarlo a las nuevas funciones. El arquitecto, Anselmo Arenillas, respeta el antiguo trazado, con patios y jardín, y crea estanterías que totalizan los 8.810 metros lineales. Este archivo incluye hoy también los fondos del archivo histórico provincial de Granada. En 1999 se inicia una nueva y laboriosa restauración que obliga a trasladar los fondos y al cierre del archivo al publico. Diversos problemas retrasan la reapertura a los investigadores, que no se produce hasta mediado 2003, con local provisional en la calle San Agapito mientras se alargan las obras en el edificio de Padre Suárez.
 La documentación depositada en este archivo durante siglos es inmensa. Se ha llegado a afirmar que aquí están documentados prácticamente todos los apellidos españoles presentes en el sur de España en los últimos quinientos años. Se conservan documentos desde 1344. El investigador encuentra en él no solo abundante documentación sobre el viejo reino de Granada, sino sobre aspectos tan dispares como los oficios públicos, los concejos, los patronatos, el clero, las capellanías, las obras pías, los mayorazgos, las hidalguías, las rentas y tributos, las órdenes militares y, por supuesto, los pleitos. La inmensa mayoría de sus fondos proceden de instituciones públicas, pero también se han ido uniendo fondos privados, procedentes de familias andaluzas, algunos de los cuales abarcan varios siglos. El archivo dispone de una biblioteca auxiliar especializada, de unos 5.000 títulos, sobre historia, genealogía, archivística, heráldica y biblioteconomía. Existe asimismo una amplia bibliografía acerca de sus fondos.

A. CH.