La llegada del siglo XIX marcó por arriba a la sociedad andaluza. Más que la disolución del componente estamental del edificio del Antiguo Régimen, […] las nuevas oportunidades económicas estimuladas por las reformas económicas liberales, y la nueva funcionalidad que los poderes locales asumieron en el edificio político decimonómico fueron los elementos que permitieron la consolidación y ampliación de la sociedad andaluza por su cúspide.
    La pérdida del monopolio comercial gaditano y las medidas políticas de los regímenes absolutistas y liberales reforzaron las bases agrarias de la oligarquía terrateniente. La vieja nobleza absentista y la burguesía agraria proveniente de los siglos XVII y XVIII, en ocasiones también ennoblecida, vieron cómo un variado grupo de propietarios y labradores, surgidos de las oligarquías locales y enriquecidos al amparo del nuevo contexto, engrosaban la cúspide de la sociedad andaluza. Aunque los efectos de las medidas desamortizadoras han sido convenientemente atemperados, no cabe duda de que en connivencia con otras propiciaron el ensanchamiento de la base social de los grandes y medianos propietarios agrarios. La aristocracia y las burguesías agrarias del Valle del Guadalquivir, ligadas secularmente a la posesión y explotación de los grandes latifundios, superaron, en términos generales sin quebranto, los cambios institucionales y económicos aparejados a la crisis del Antiguo Régimen en lo que a su patrimonio fundiario se refiere. En el caso de la burguesía agraria, el nuevo marco incluso le reportaría considerables beneficios. Mas la principal novedad provino del ascenso que permitió a muchos sectores de las oligarquías agrarias locales encaramarse al universo social de la élite terrateniente andaluza decimonónica. Estas oligarquías locales, constituidas en unos casos desde los siglos XVIII, e incluso XVII, y en otros durante la misma crisis del Antiguo Régimen, culminarían en pleno siglo XIX su proceso de diferenciación social al controlar de manera hegemónica los resortes del poder político local, consolidándose como grandes propietarios agrícolas. Gran propiedad que en el caso del Reino de Granada, donde la importancia del realengo y el carácter eminentemente jurisdiccional del señorío proporcionaron históricamente gran protagonismo a la propiedad de la tierra en manos de los vecinos, adquirirá un formato multifundista, que contrasta notablemente con el sistema latifundista que estructura la propiedad y la explotación de la tierra en Sierra Morena y el Valle del Guadalquivir.
    La naturaleza eminentemente agraria de la burguesía andaluza, y en general de la oligarquía terrateniente, no esconde unos orígenes diversos como manifiestan las bases económicas que alimentaron su configuración patrimonial. Burguesía andaluza identificada por una incuestionable base agraria pero que en distintos momentos, y esto es especialmente visible en sus fases iniciales, desarrolló otras actividades económicas. El comercio, la especulación con los precios de los productos agrícolas, la usura en forma de préstamos leoninos o fórmulas hipotecarias que atrapaban al terrazgo del campesino endeudado –como la “venta con pacto de retro”–, luego las finanzas, incluso la industria textil o siderometalúrgica, más tarde la minería y las inversiones y explotaciones ferroviarias, representan las principales actividades económicas que acompañaron en menor o mayor medida a la agricultura en las etapas que jalonaron la formación y consolidación de este grupo. Burguesía andaluza, sin embargo, cada vez más inclinada en términos de apropiación y producción, conforme al giro que la economía experimentó durante la primera mitad del Ochocientos, hacia la tierra. Las consecuencias del colapso comercial español por la pérdida del imperio colonial, la orientación eminentemente agraria de las reformas económicas liberales, el proceso de agricolización que orientó la agricultura andaluza decimonónica, así como la especificidad del proceso andaluz de industrialización, determinaron finalmente la base agraria de la economía regional que soportaría a la hegemonía social de la burguesía agraria andaluza hasta bien entrado el siglo XX.
    En efecto, la mercantilización de la economía andaluza y los primeros balbuceos de articulación política promovida por el Estado liberal, brindaron nuevas expectativas de acumulación de rentas y patrimonio que no fueron ignoradas por la clase de los grandes propietarios andaluces. Sin embargo, los distintos ritmos constitutivos de los sectores que la integraban, su distinta localización geográfica, en definitiva, su variada sociogénesis, condicionó un proceso histórico de ampliación y consolidación caracterizado por la heterogeneidad de sus itinerarios. Hace tiempo que el profesor Bernal recogió en un citado modelo dicha variedad germinal. Hoy en día, a la luz de la producción historiográfica posterior, podemos ilustrar, profundizar y perfilar esta senda interpretativa. Durante la primera mitad del siglo XIX el reforzamiento o mantenimiento fundiario de los grandes propietarios, nobiliarios o legos provenientes del Antiguo Régimen, fue compatible con la consolidación como propietarios agrarios de un grupo reforzado económicamente por el dinamismo económico del último tercio del siglo XVIII que iba a ingresar a lo largo de la primera mitad del Ochocientos en el seno de la oligarquía agraria andaluza. Oligarquía decimonónica integrada por la antigua aristocracia -la potente nobleza ex señorial- y la burguesía agraria surgida del Antiguo Régimen y ampliada en la primera mitad del XIX por nuevos sectores de propietarios.
    La persistencia de la nobleza como gran propietaria tras la crisis del Antiguo Régimen tradicionalmente se ha interpretado como signo de continuidad social. Aunque la reforma agraria liberal afectó desigualmente a las propiedades de la nobleza señorial, en términos generales, la desaparición del orden estamental tras la crisis del Antiguo Régimen no supuso su claudicación económica. En general, las medidas liberales sancionaron como propiedad privada individual los predios de los desaparecidos señoríos territoriales; incluso en el caso de la abolición de los mayorazgos, la tibieza de su ejecución permitió a las distintas “casas” en unos casos el saneamiento y reajuste del patrimonio inmobiliario cuando no el mantenimiento de las propiedades más emblemáticas de aquella primogenitura institucional que las caracterizó históricamente. No obstante, su quiebra estamental y el protagonismo adquirido en adelante por la burguesía agraria regional en la vida social y política debió atenuar la ascensión de un grupo tradicionalmente ausente de los campos andaluces. En cuanto a la nobleza secundaria y local, identificada en muchas ocasiones más como perceptora de rentas señoriales que como propietaria, los resultados de los últimos trabajos arrojan un variado panorama regional que ilustra tanto su continuidad como su claudicación ante la disolución de los señoríos en 1837, la legislación desvinculadora y ante el empuje económico y el protagonismo sociopolítico de las nuevas oligarquías, las constituidas a caballo del Setecientos y principios del Ochocientos en el ámbito local. Sin duda, la aptitud productiva y administrativa de las nuevas oligarquías locales 0 provinciales ante una economía progresivamente mercantilizada y los mismos efectos de la Reforma Agraria Liberal sobre la estructura de la propiedad de la tierra enmarcaban el relevo o desplazamiento de cierta nobleza secundaria en la primera mitad del siglo XIX.
    La burguesía agraria andaluza, plenamente configurada durante el periodo isabelino no era un grupo homogéneo. Cohesionada por su naturaleza agrícola, se deshacía en grupos que podríamos diferenciar según la antigüedad de su conformación como propietarios, sus orígenes económicos o las peculiaridades productivas de los sistemas  agrarios en que desenvolvían sus actividades.
    Uno de estos grupos, proveniente del Antiguo Régimen, estaba integrado por importantes familias de propietarios y de labradores ricos que venían siendo desde hacía siglos los grandes arrendatarios de las tierras señoriales, beneficiándose con la nobleza de la explotación y administración latifundista y del control del poder local durante el régimen absolutista. La crisis del Antiguo Régimen y las oportunidades brindadas por el sistema liberal asistirán el encumbramiento definitivo de este grupo que contribuirá, tal y como indicó Bernal, a la extensión de la gran propiedad más allá de sus límites históricos en el valle del Guadalquivir. Este baluarte fundamental de la burguesía agraria andaluza, constituido a lo largo de la modernidad como un grupo con gran poder económico, a menudo enaltecido mediante las vías del ennoblecimiento que abrió la Corona en el siglo XVIII, tendió durante el período absolutista a fundirse en función de su nivel de riqueza con determinados miembros de la nobleza terrateniente. Se anunciaba ya, gracias al carácter exogámico de la nobleza española, la senda “gatopardusiana” que marcaría el basamento de la élite terrateniente andaluza.
    En un escalón inferior, según la posterior cronología de su constitución y la dimensión de su patrimonio fundiario, localizamos un grupo de familias de labradores, arrendatarios a nivel local de las tierras de la Iglesia o de la nobleza, dotados habitualmente de una importante cabaña ganadera para la explotación agrícola, que irían accediendo a la propiedad de la tierra desde el último tercio del Setecientos gracias al capital atesorado con el alza de los precios agrícolas, el incremento de las rentas y su intromisión en las esferas del poder político local. Como es sabido el capitalismo agrario, orientado a la exportación o a los mercados interiores, era un hecho en la Andalucía del siglo XVIII. Un grupo de labradores, surgidos de los procesos de diferenciación social acaecidos en las comunidades campesinas andaluzas desde hacía siglos, aprovecharon este desarrollo capitalista para, entre fines del XVIII y principios de la segunda mitad del XIX, enriquecerse y acceder a la propiedad de la tierra, ampliando su base social. En contraste con la nobleza local, estos labradores, instalados como propietarios desde las últimas décadas del siglo XVIII o las primeras del XIX, supieron aprovechar las oportunidades que se le ofrecieron insertándose como conspicuos miembros de las influyentes oligarquías agrarias locales.
    Evidentemente, la experiencia aquilatada en la explotación de la tierra, transmitida intergeneracionalmente en el seno de la familia, y las oportunidades de comercialización del excedente agrícola que ofrecía un mercado cada vez más articulado en la primera mitad de siglo, favorecieron su éxito patrimonial. Las desvinculaciones, las desamortizaciones, los repartos y las quiebras de algunas casas nobiliarias facilitaron en mayor o menor grado a este grupo el acceso a la propiedad de la tierra en muchos términos de Sevilla, de la campiña cordobesa, o incluso de Cádiz. En la montañosa Andalucía Oriental este proceso fue especialmente notorio; en comarcas como las granadinas de Guadix, Baza y la Vega de Granada, o en las zonas montañosas de Almería y Málaga, donde las dimensiones de la propiedad nobiliaria y eclesiástica eran discretas, surgió un grupo de familias de labradores-propietarios entre la segunda mitad del XVIII y el primer tercio del XIX. Un grupo que gracias al arrendamiento de tierras nobiliarias, pero sobre todo de propietarios foráneos, y con la ayuda de los beneficios obtenidos de actividades usureras o de los recursos captados directa o diferidamente a través del control de los escaños y oficios de los Ayuntamientos, desplazaron a las familias de la vieja oligarquía para monopolizar en adelante las filas de la oligarquía decimonónica que conformaría en la esfera local, comarcal e incluso provincial la base social de la burguesía que cimentaría el edificio liberal en Andalucía.
    El poder político local, en sus distintas manifestaciones, constituyó un acicate fundamental en la consolidación socioeconómica de la burguesía agraria. Si durante el Antiguo Régimen el control de las regidurías y oficios municipales en general representaba una privilegiada vía de enriquecimiento y revestimiento de estatus, con la implantación del estado liberal los ayuntamientos adquirieron una renovada funcionalidad, en cuanto instituciones de la administración y articulación del propio Estado en la instancia básica, que los reforzó como instrumentos de apropiación patrimonial, de dominación social y política. El acceso durante el siglo XVIII a determinados cargos, oficios y puestos políticos, primero vía venal, hereditaria o por cooptación y después en el siglo XIX con la implantación del régimen liberal, mediante el sufragio censitario vía económica, permitió a estas oligarquías encontrar en la monopolización del control de los resortes del poder local una fuente de enriquecimiento, influencias y clientelismos que alimentaron las redes de relaciones, de indeleble carácter familiar, que sustentaron su hegemonía social. A partir de aquí, el interés de las oligarquías agrarias por los cabildos se hizo más palpable que nunca.
    Pero la burguesía andaluza también se nutrió de sectores sociales, en ocasiones de procedencia extrarregional, sin relaciones previas con la tierra. Individuos y familias, a veces organizados en verdaderos clanes, dedicados a diferentes actividades, al préstamo usurario, a negocios comerciales o actividades industriales, con apellidos de ilustre resonancia, que no resistieron el atractivo que suponía la inversión, con fines especulativos o de explotación, en títulos de propiedad rústica. Inversiones inmobiliarias habituales en las prácticas de diversificación de actividades de las burguesías urbanas  y mercantiles que en el siglo pasado adquirieron nuevo talante como estrategias de reconversión patrimonial. Un ejemplo clásico y muy representativo lo hallamos en el caso de la burguesía comercial gaditana; tras la decadencia comercial de fines del XVIII muchas de las familias de esta élite comercial desplazaron sus inversiones hacia propiedades rústicas desamortizadas. Reconversión coyuntural que en algunos casos se tornaría en definitiva al abrigo de la extraordinaria rentabilidad de la explotación vitivinícola. Jerez, y su dinámica industria del vino, se constituyó en un centro de atracción para muchos comerciantes e inversionistas a lo largo de toda la primera mitad del siglo XIX; si muchas de las grandes familias bodegueras del siglo XIX, como los González o los Osborne, encuentran su origen en el giro geográfico que los prósperos comerciantes gaditanos del Setecientos dieron a sus negocios, algunos miembros de los grandes labradores del término que tanto se beneficiarían de las medidas desamortizadoras compartirían origen foráneo.
    Un caso análogo fue protagonizado por parte de las familias que conformaban la renovada oligarquía agraria antequerana del siglo XIX. En la campiña cordobesa encontramos también a un grupo de miembros de la burguesía comercial y de profesionales que se integrará por esta vía en la oligarquía terrateniente de la segunda mitad del siglo XIX. Evidentemente, tras la pérdida del emporio colonial gaditano y más tarde con la interrupción de la industrialización de la primera mitad de siglo, la explotación agrícola representó para estos grupos un atractivo negocio. Un caso significativo es el de los Vázquez, conocido apellido de la burguesía agraria sevillana; esta familia de comerciantes, merced a unas medidas prácticas matrimoniales y al acceso a la explotación de la tierra, primero mediante el arrendamiento de fincas eclesiásticas y nobiliarias y después mediante la adquisición de bienes desamortizados, lograrían a lo largo de la primera mitad del Ochocientos un ingente patrimonio rústico e ingresaría en adelante en el selecto grupo de los terratenientes sevillanos. Reconver-siones todas ellas perfectamente coherentes con una de las manifestaciones más notables del desarrollo capitalista en Andalucía: el proceso de agricolización que la economía agraria andaluza experimentó durante la centuria pasada. Por este camino, a través de la reconversión patrimonial, se constituye un sector muy importante de la burguesía andaluza.
    Pero la dimensión agraria de la burguesía se extendería también por otros procedimientos. Las estrategias matrimoniales desempeñaron un papel esencial en la fusión homogámica de sus distintos sectores. A través de las alianzas matrimoniales muchos comerciantes e industriales emparentarían con conspicuos representantes agrarios. Por esta vía aquéllos, sin abandonar sus negocios y actividades primigenias, terminarían por contactar también con la explotación y propiedad agrícola. Así una serie de apellidos pertenecientes a la burguesía comercial e industrial de Sevilla, Jerez, Córdoba y Málaga penetraron, mediante una orientación exogámica de sus estrategias matrimoniales que no era extraña a la mencionada tendencia a la diversificación económica, en la restrictiva parentela de los propietarios agrarios andaluces en la primera mitad del siglo XIX.
    La poderosa burguesía comercial e industrial malagueña, cuyo definitivo ascenso social se sitúa en la difícil coyuntura de principios del XIX, logró incorporarse al club de los terratenientes andaluces a lo largo de la centuria pasada. Los Heredia, Larios y Loring, verdadero núcleo fundacional de la burguesía malagueña decimonónica, concibieron una estrategia patrimonial de gestión familiar y de diversificación económica que encontró en el sector agrícola un sólido pilar. El interés por la inversión en bienes rústicos, incluso por la explotación agrícola, de familias de la burguesía comercial sevillana, como los Segovia o los Ybarra, ilustra asimismo esta tendencia. La familia Ybarra, de procedencia vasca, ingresó a mediados del siglo XIX en las filas de la burguesía agraria sevillana gracias a un concepto familiar de la gestión empresarial y a una marcada orientación comercial y agroindustrial que les posibilitó el atesoramiento de un ingente patrimonio, lo que les catapultó socialmente; la compra de tierras a mediados de siglo XIX y unos oportunos enlaces matrimoniales permitieron a este apellido estrechar lazos con la burguesía agraria sevillana y jerezana.
        La burguesía andaluza estaba plenamente constituida a mediados de siglo XIX. En connivencia, y a veces en alianza, con la nobleza provincial y la aristocracia nobiliaria, conformaría la poderosa oligarquía económica andaluza, de base eminentemente agraria, que sustentaría el tambaleante edificio liberal durante el periodo isabelino. Un grupo que no era homogéneo ni en su constitución, ni en sus características sociológicas. Su carácter agrario, su tendencia a la apropiación monopolística de los recursos productivos, su íntima vinculación con el poder político, su distinción social y familiar respecto al conjunto de la población rural y andaluza en general, le confería una faz semejante cohesionada por intereses comunes, mas, tras el popular calificativo de “señoritos” con que se ha identificado tradicionalmente a los grandes propietarios andaluces, emergía un grupo diverso al menos en cuanto a su procedencia y al ámbito en que desarrollaban su hegemonía social.
    A toda esta caracterización la historiografía más reciente ha sumado un rasgo de dimensión antropológica, a nuestro modo de ver fundamental, en la descripción de la burguesía andaluza contemporánea: el familismo. Este rasgo, compartido genéricamente por las distintas burguesías españolas y europeas, adquiere una dimensión funcional, constitutiva de la burguesía terrateniente regional que transciende al conjunto de la sociedad andaluza y, más allá, en connivencia a las restantes burguesías nacionales, al propio funcionamiento del Estado liberal español […]
    Sin tener presente esa dimensión familista del poder de la clase andaluza difícilmente podremos describir los mecanismos económicos (a través del mercado), sociales (mediante las prácticas reproductivas guiadas por la herencia y el matrimonio) o políticos (mediante un concepto patrimonial del poder) que permitieron a este grupo no sólo la apropiación económica de la mayor parte de la riqueza sino también la imposición de un ejercicio de subordinación social y política sobre el conjunto de la sociedad andaluza. Un ejercicio de dominación que sería seriamente cuestionado por el propio campesinado cuando su horizonte reproductivo y productivo entre en crisis a fines del siglo XIX.
    Si herencias y matrimonios, donde los individuos maximizaban su relación con los recursos y las personas, marcaron con un insoslayable cariz familiar la vida de los miembros de estas familias, las redes de relaciones, articuladas en derredor de sus parentelas, dotaron a estas familias de un poderoso instrumento para su expansión patrimonial que intervenía tanto en la esfera de las relaciones de producción como en las de dominación o subordinación política. Parentelas y redes sociales que organizaron, a nivel local, comarcal o provincial, los principales espacios reproductivos para muchos de los grandes propietarios andaluces, y la construcción ascendente del entramado político-administrativo liberal. Dada la debilidad política y presupuestaria del Estado liberal, especialmente en los dos primeros tercios del siglo pasado, los intentos de articulación política promovidos por los representantes del Liberalismo español en Madrid debieron apoyarse en el tejido social y político que secularmente organizaba a la sociedad española. En Andalucía, tras la desaparición de los señoríos, la organización política se estructuró desde lo local a lo estatal, y viceversa, sin solución de continuidad; en estas condiciones, y dado el programa oligárquico que el Liberalismo decimonónico esgrimió en nuestro país, una suerte de relación simbiótica se articularía entre las instancias locales y centrales del poder político. Una relación que coadyuvaría a una estructuración en buena medida ascendente del Estado, que abriría grandes oportunidades de promoción social, a través de la carrera política o de la apropiación de los recursos desde el municipio, a las oligarquías agrarias locales y provinciales. Por estos intersticios, las redes familiares de los propietarios andaluces tiñeron de familismo, en su ejercicio de monopolización de los resortes del poder, primero a nivel local y después en las esferas provincial y regional, el entramado sociopolítico isabelino.

Manuel González de Molina y Miguel Gómez Oliver
De Historia Contemporánea de Andalucía (Nuevos contenidos para su estudio).