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RUMASA

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Grupo de empresas español, con origen en Jerez de la Frontera, configurado como ?holding? en 1968 y que se extingue en 1983 a raíz de ser incautado por el Estado. En ese momento era el primer grupo empresarial del país, con alrededor de 600 sociedades ?aunque sólo la mitad operativas?, de las que una veintena cotizaban en Bolsa, que totalizaban en torno a los 50.000 trabajadores; el volumen de negocio era de 350.000 millones de pesetas, lo que representaba entonces cerca del 2% del Producto Interior Bruto Español. Su patrimonio se estimaba en 1983, el año de la expropiación, en los 600.000 millones de pesetas. Se trataba, sin embargo, de un gigante con los pies de barro, con muy fuerte endeudamiento y un crecimiento vertiginoso, a modo de huida hacia delante, con adquisición continua de nuevas empresas para contenerlo, con visos de desplome y capaz de causar por su envergadura una profunda crisis en la economía española. Existía en paralelo una ?Rumasa sumergida?, que no llegó a ser expropiada.

Hacia 1930 aparece por primera vez la firma Ruiz Mateos, vinculada al negocio de los vinos jerezanos. El impulsor es Zoilo Ruiz-Mateos; en 1952 se incorpora a la empresa familiar una segunda generación, formada por los hijos, bajo la dirección de uno de ellos, José María Ruiz-Mateos. Se inicia un crecimiento sostenido y una paulatina  diversificación. En 1968 el grupo de empresas pasa ya a denominarse Rumasa y acelera su crecimiento. Su símbolo, la colmena, se hace popular. Pero ese crecimiento del grupo se realiza sobre todo mediante la adquisición de nuevas empresas, con mucha frecuencia deficitarias y en mala situación económica, con un difícil saneamiento.

El vino se mantiene como uno de los sectores principales del grupo, pero a las empresas iniciales se van uniendo otras en el propio Marco de Jerez, de Montilla, La Mancha, La Rioja y el Penedés catalán, además de empresas de distribución propia. Incluye firmas veteranas como Palomino y Vergara, Williams & Humbert, Bodegas franco-españolas (Paternina), Garvey o Bodegas Berberana, y dedicadas a otras bebidas, como Sidra El Gaitero. La división bancaria llega a totalizar una veintena de entidades, entre las que destaca el Banco Atlántico e incluye bancos en Panamá y Alemania y una financiera en Suiza. En Andalucía pertenecen al grupo el Banco de Jerez, el Banco de Huelva, el de Sevilla y el Banco Industrial del Sur. En el sector comercial destaca la propiedad de Galerías Preciados, en esos años la primera cadena de grandes almacenes española, aunque en paulatina crisis. Relevante es asimismo la presencia en el sector turístico, que incluye Hoteles Agrupados, cadena que alcanza los 30 establecimientos. Rumasa estaba presente asimismo en la construcción y el sector inmobiliario con gran número de firmas, muchas andaluzas ?Inmobiliaria Guadaira, Immobiliaria Costa del Sol, Inmobiliaria Ayamonte, Inmobiliaria Torre del Oro?, en la agricultura ?La Almoraina, el mayor latifundio español? y la alimentación, con empresas como Mantequerías Leonesas o Chocolates La Trapa, además de otras áreas de la economía española: perfumería, textil, farmacia, moda ?Loewe? y muchas de ellas relevantes firmas andaluzas, como la Fabrica de Loza La Cartuja de Sevilla.

La expropiación.  El 23 de febrero de 1983, el Gobierno español, presidido entonces por Felipe González y que lleva apenas tres meses en el poder, aprueba un decreto-ley mediante el que expropia a José María Ruiz-Mateos las diversas empresas y actividades mercantiles que configuraban Rumasa. El decreto alude a razones de ?interés público y utilidad social?. Posteriormente las Cortes, con mayoría socialista, aprobaría la ley de expropiación, y el recurso ante el Tribunal Constitucional promovido por la oposición revalidaría la acción del gobierno, pero con una votación tan igualada que la expropiación sale adelante en 1986 gracias al voto de calidad del presidente, García Pelayo. La expropiación de Rumasa es, junto con el referéndum de la OTAN de 1986, la decisión más controvertida de los 13 años de gobierno de Felipe González. Incluso desde sectores proclives a la actuación del Gobierno se echa en falta una negociación que hubiese ahorrado problemas y dinero público. La expropiación trae consigo la necesidad de aplicar un plan de saneamiento para cubrir un déficit que, según los peritos judiciales, alcanza a 31 de diciembre de 1982 un total de 346.000 millones de pesetas (más de 21.000 millones de euros). Y abre un proceso que sigue inconcluso 24 años después de su inicio. Diez años después de la expropiación, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, sentencia a favor de Ruiz-Mateos, condenando al Estado por violación de Derechos Humanos, dado que la causa no es vista en plazo razonable y no es oído Ruiz-Mateos en la causa de inconstitucionalidad sobre la expropiación, sentencia que supone un varapalo al Gobierno y a la propia Justicia española al subrayar la desproporcionada duración del proceso.

Se realizan planes de viabilidad y saneamiento, y se inicia la privatización. Todas las empresas del grupo son vendidas a la iniciativa privada y el proceso, muy largo, sólo concluye tras 20 años, cuando la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) vende las últimas fincas rústicas del antiguo grupo. Algunas, como la andaluza Calmante Vitaminado, vuelven a sus dueños iniciales, otras ?como Galerías Preciados? atraviesan un complejo proceso que acaba con su desaparición cuando es absorbida por El Corte Inglés. El Supremo abre 165 procedimientos promovidos por Ruiz-Mateos para que se le devuelvan 163 empresas del holding y se pronuncia en contra de la reversión, pero se han dictado numerosas sentencias contrarias al justiprecio acordado por el jurado. José Maria Ruíz-Mateos, miembro supernumerario del Opus Dei y padre de familia numerosa, personaje controvertido, más comerciante que empresario, huye a Londres tras la expropiación; es extraditado en 1985 desde Frankfurt, en 1988, cuando era juzgado, huye de la Audiencia Nacional disfrazado y es detenido luego en Lepe (Huelva). En 1997, la Audiencia Nacional absuelve al empresario de los delitos de falsedad y estafa. En la sentencia se estima probado que en Rumasa había doble contabilidad, facturas falsas, impagos a Hacienda y a la Seguridad Social, cuentas y revalorizaciones ficticias, entre otras irregularidades, pero el tribunal no ve lesión o daño efectivo, requisito legal para considerar los hechos como delito. En 1999 el Tribunal Supremo confirma la absolución de todos los cargos a Ruiz-Mateos, quien tras varios intentos infructuosos de entrar en la política española con un grupo político propio, se orienta sobre todo a la constitución de un nuevo grupo empresarial, el que actualmente se conoce como Nueva Rumasa, que incluye en el caso andaluz firmas como Dhul, en Granada, y Garvey, en Jerez de la Frontera. [ Antonio Checa Godoy ].

 

 
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