| Andalucía, que entra en la edad contemporánea con manifiesto protagonismo en la vida española, abrazará en muchas coyunturas del XIX el federalismo y en el seno de una deseada España federal los republicanos andaluces contemplarán Andalucía como región soberana y autónoma "así la define en su primer artículo el proyecto de Constitución de Antequera". En ese siglo, la Junta Soberana de Andújar, creada en 1835, es la primera muestra de una tierra que comienza a tomar conciencia de sí misma y de la necesidad del autogobierno. La Junta de Andújar se dota de estructura confederal, es la primera institución surgida del pueblo que representa a toda Andalucía frente a Madrid en demanda de un gobierno liberal y es la más duradera de las numerosas juntas creadas en España en esa coyuntura. El federalismo vuelve a ser protagonista de la Andalucía del Sexenio Revolucionario (1868-1874), aunque pasado por el tamiz del cantonalismo. Y serán republicanos federales los que, a impulsos del malagueño Carlos Saornill, aprueben en Antequera en 1883 "apenas 10 años después del verano cantonalista andaluz" un proyecto de constitución "o pacto federal para los cantones andaluces", que declara que Andalucía "no recibe su poder de ninguna autoridad exterior" y que, texto avanzado, contempla "la independencia civil y social de la mujer" o "la instrucción gratuita y obligatoria hasta los 12 años", y contempla un relevante poder ejecutivo "siete consejeros" y legislativo "un representante por cada 10.000 h."
El paulatino declive del federalismo y la persistencia del sistema de la Restauración hará que este texto no tenga trascendencia práctica, pero siempre quedará como referencia y el federalismo está sin duda en la base del andalucismo del siglo XX. El andalucismo, con su reivindicación de un estatus político autónomo para Andalucía, reaparece en la segunda década del siglo XX, en un contexto diferente, incluido ya el claro declive económico y político de la región andaluza. Tendrá ya un teórico y un dirigente en Blas Infante y en esa década el debate sobre la personalidad cultural, humana y política de Andalucía alcanzará al fin cotas relevantes.
Asambleas y manifiestos. La demanda de un régimen autonómico para Andalucía se concreta políticamente en los últimos años de la Restauración, años de honda crisis del sistema y de turbulencia política y social, más acentuada si cabe en el sur de España. La actividad de los centros regionalistas se expande por toda la comunidad y en 1918 Ronda es la ciudad elegida para celebrar una Asamblea Regional de la que saldrán los símbolos de la futura autonomía "bandera, escudo, himno" y la definición de Andalucía como nacionalidad, textos en los que aún la influencia de la constitución antequerana es visible.
Al año siguiente, nueva y decisiva Asamblea, ahora en Córdoba. En ella se aprueba el primer Manifiesto Nacionalista, un texto programático ya de clara madurez en el que se contempla la autonomía como única alternativa ante un régimen corrupto e ineficaz que discrimina a Andalucía, una autonomía no inferior a la de cualquier otro territorio de España, en tanto se busca el diálogo directo con el gobierno madrileño ante la inoperancia de ayuntamientos y diputaciones. El autonomismo andaluz toma en estos años un claro sesgo internacionalista y solidario ""Andalucía por sí, por España y la humanidad"", que tanto le distinguirá de otros movimientos nacionalistas en esta y posteriores coyunturas históricas. Asambleas, centros regionalistas y periódicos impulsan el deseo de autonomía, pero la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera en 1923 es un corte en seco: cierran los centros andalucistas y la aspiración autonomista hiberna.
La II República. El breve periodo republicano representa una etapa de esperanza, finalmente frustrada, en el caminar de la actual comunidad hacia su autonomía. Ya en el mismo abril en que se proclama el nuevo régimen nacen las Juntas Liberalistas de Andalucía, impulsadas por Blas Infante, con el objetivo básico de promover un Estatuto de Autonomía. La Diputación de Sevilla será abanderada inicial de ese proceso, a impulso de personas como Hermenegildo Casas, quien propone una asamblea de diputaciones "pronto apoyada por la Diputación gaditana" y consigue celebrar ya el 6 de julio una reunión de presidentes de diputaciones, aunque no asistirán todas, para iniciar los trabajos del futuro estatuto. De inmediato se constituye oficialmente una ponencia "tres personas" que redacta unas bases o líneas generales sobre lo que debe ser el estatuto y envía un cuestionario a municipios, diputados y entidades destacadas sobre la iniciativa de las diputaciones. El ayuntamiento de Marinaleda será el primero en contestar apoyando el proceso.
La Diputación sevillana remite el dictamen de la ponencia a las diputaciones e insta a la celebración de una Asamblea andaluza que apruebe un texto para presentarlo al Congreso. No obstante, pronto se percibe que son muchas las diferencias a la hora de concretar el contenido de ese futuro estatuto, que las fuerzas políticas mayoritarias tienden a configurar como simple vía de descentralización administrativa liderada por las diputaciones. Además, la reacción de los diputados andaluces "un número elevado, 89" es muy fría y casi todos se desinteresan del proceso.
En febrero de 1932 una reunión en la Diputación sevillana permite establecer las bases para la celebración de la Asamblea, y Casas pasa a ser el presidente de la comisión organizadora y la locomotora del proceso. Pero Casas defiende un estatuto exento de atribuciones políticas y en los primeros documentos se habla esencialmente de Mancomunidad de Diputaciones. No sin dificultades, éste es un año de dinamización del proceso autonómico y de creciente utilización de los símbolos andaluces en la comunidad. Aracena es el primer municipio andaluz que acuerda en el otoño de 1932 que la bandera andaluza ondee en el Consistorio.
Por fin, Córdoba es la sede de la Asamblea Regional Andaluza, del 29 al 31 de enero de 1933, en ella se aprueba un Anteproyecto de bases para el Estatuto de Andalucía, aunque el desarrollo pone de relieve los agudos problemas de localismo que se plantean. El texto no contempla una capital permanente para Andalucía e incluye una elección por sufragio directo del presidente regional.
Ese texto no será sometido nunca a plesbicito popular ni de los ayuntamientos, ni llegará al Congreso. El triunfo conservador en noviembre de 1933 paraliza el proceso autonomista andaluz, que sólo se reanuda tras el triunfo delFrente Popular en febrero de 1936, gracias sobre todo a las Juntas Liberalistas. La reactivación habría de culminar con una asamblea general andaluza en septiembre de 1936, que el inicio de la Guerra Civil y la represión sobre el andalucismo "fusilamiento de Blas Infante" torna imposible.
La Preautonomía. El franquismo es una larga etapa histórica en que toda aspiración autonomista y democrática está prohibida. Es una noche oscura que lleva a que los andaluces olviden sus propios símbolos. La reivindicación de la autonomía no reaparece hasta las postrimerías de la dictadura "en octubre de 1975 la entonces Alianza Socialista de Andalucía, luego PSA, presenta el primer borrador de Estatuto de Autonomía", y cobra sobre todo un rápido auge tras la muerte de Francisco Franco. Ahora es asumida por muy diversas fuerzas políticas "incluso por las diputaciones todavía con dirigentes procedentes del franquismo, que auspician una Mancomunidad", de forma que a lo largo de 1976 y los primeros meses de 1977 varios partidos políticos de izquierda y de centro, presentan sus anteproyectos de estatuto de autonomía al tiempo que cobran relieve en la escena política por primera vez partidos con implantación estrictamente andaluza que tienen la autonomía entre sus objetivos básicos, como PSA y PSLA, este encabezado por Manuel Clavero, que será tras las elecciones de junio de 1977 ministro de las regiones, es decir, encargado de llevar adelante el estado de las autonomías.
En un contexto estatal caracterizado por la exaltación autonomista en toda España, el 4 de diciembre de 1977 "desde octubre anterior hay constituida una asamblea de parlamentarios andaluces" la mayoría de las fuerzas políticas convocan una manifestación pro autonomía que obtiene un elevado respaldo, casi un millón de personas en Andalucía, pero también Cataluña y Madrid, con escenas de represión que provocan la muerte en Málaga de un joven, José Manuel García Caparrós. La marea autonomista lleva a la formación de la Junta de Andalucía en mayo de 1978" como órgano preautonómico. La encabeza un magistrado socialista, Plácido Fernández Viagas, quien en diciembre de 1978 impulsa el Pacto de Antequera, pacto pro autonomía con amplio respaldo de partidos parlamentarios y extraparlamentarios. En septiembre de 1978 se constituye la comisión mixta Administración Central-Junta de Andalucía para el inicio de las transferencias. El éxito electoral del Partido Socialista de Andalucía, PSA, en marzo de 1979, cinco escaños, sirve de acicate a la reivindicación autonomista, que va a encontrar además un adalid en Rafael Escuredo, socialista, que sucede en 1979 a Fernández Viagas al frente de la preautonomía y que tras conseguir que la Junta de Andalucía, como ente preautonómico, apruebe en junio la iniciación del proceso autonómico por la vía del artículo 151 de la Constitución "que contempla más transferencias" llega a finales de 1979 a un acuerdo con Adolfo Suárez, jefe de Gobierno, para celebrar un referéndum de iniciativa autonómica en Andalucía, que no ha recibido en la Constitución de 1978 el tratamiento de nacionalidad histórica y ha de seguir un complejo camino hacia la autonomía.
El 28-F. Sin embargo, el partido gubernamental, UCD, da un viraje, un paso atrás, en su actitud hacia la autonomía andaluza y el referéndum del 28 de febrero de 1980 se celebra en un contexto inusual, con el Gobierno en contra, pero escindido internamente en Andalucía tras la dimisión de Manuel Clavero, disconforme con esa rectificación. Las condiciones para que el sí a la autonomía triunfe son draconianas, pues exigen el triunfo del sí en cada una de las ocho provincias andaluzas y por más de un 50% del censo, no de los votantes. Con el Gobierno central apostando en contra, y moviendo sus medios, la jornada histórica del 28 de febrero de 1980 arroja resultados contradictorios: el si triunfa holgadamente en el conjunto de la comunidad y multiplica en las ocho provincias las papeletas del no, supera claramente el 50% del censo en el conjunto andaluz y en siete de las ocho provincias, pero no lo alcanza, aunque por poco, en Almería.
Formalmente se ha perdido, pero los resultados son tan apabullantes que en los meses siguientes todas las fuerzas políticas buscan desatascar el camino a la autonomía y al mismo tiempo rentabilizar en provecho propio la voluntad autonomista del pueblo andaluz. Tras meses de tensiones y de negociaciones fracasadas, el camino autonómico se desbloquea gracias sobre todo al acercamiento entre los dos partidos mayoritarios, se salva el escollo almeriense rectificando la ley de referéndum y se celebra en octubre de 1981 un nuevo referéndum, pero ya para aprobar un texto de Estatuto que ha sido redactado en Carmona por un grupo de políticos de los cuatro partidos parlamentarios: PSOE, UCD, PCE y PSA.
La Autonomía. Aprobado el Estatuto, Andalucía celebra en mayo de 1982 sus primeras elecciones para configurar el primer parlamento autonómico y el primer gobierno de la comunidad. Triunfa el PSOE, que obtiene mayoría absoluta y revalida la gestión de Rafael Escuredo. Echa a andar la autonomía andaluza, todavía con pocas competencias y escaso presupuesto. Contra lo esperable, el triunfo del PSOE en las elecciones generales de octubre de 1982 no facilita la relación entre el Ejecutivo de la comunidad y el Gobierno central; aquél quiere ir más rápido de lo que desea el gobierno madrileño, hay escollos como las competencias que permitan afrontar la reforma agraria. El visible enfrentamiento entre Rafael Escuredo y el tándem Felipe González-Alfonso Guerra lleva a la dimisión del presidente andaluz, que será sustituido por José Rodríguez de la Borbolla, quien recibirá las principales competencias "en 1986 se crea el Servicio Andaluz de Salud"; pese a su mayor control del partido en Andalucía, se verá también hostigado por Madrid y a la postre desplazado, de forma que en 1990 el PSOE coloca como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía a Manuel Chaves, quien gana en ese año las elecciones con mayoría absoluta y se mantendrá en el cargo hasta entrado el siglo XXI.
Por entonces el presupuesto de la comunidad andaluza, que crece velozmente año tras año, es ya el segundo de España, tras el del propio Estado. Sin embargo, a partir de 1994 y durante una década el PSOE pierde la mayoría absoluta en la comunidad, lo que le obliga a gobernar en coalición con el PA entre 1996 y 2004. Son, de forma paralela, los años en que en Madrid gobierna el PP y el PSOE utiliza la comunidad andaluza, con mucho su principal bastión en esos años, contra el Gobierno de Madrid, por su parte poco sensible a las demandas andaluzas. Esa política le lleva a rechazar en solitario el sistema de financiación de la comunidad autónoma. Al superar las dos décadas de autonomía, el PSOE auspicia una reforma del Estatuto de Autonomía.[ Antonio Checa Godoy ].
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