La preocupación por el medio ambiente en Andalucía asoma ya en las postrimerías del franquismo y tiene sus primeras exteriorizaciones con la transición democrática, cuando se inician las movilizaciones contra la elevada contaminación en comarcas industriales como Huelva o el Campo de Gibraltar. Con anterioridad lo que ha dominado son algunas protestas en grandes ciudades, motivadas por determinadas actuaciones urbanísticas, muy depredadoras, del tardofranquismo "derribo de monumentos, talas indiscriminadas de árboles". La dictadura no permite muchas quejas y, además el bajo grado de desarrollo de la comunidad y el dominio de una mentalidad que identifica desarrollo con chimeneas, hace que las preocupaciones medioambientales colectivas sean hasta entonces escasas. Y eso que no faltan avisos de la naturaleza, como las dramáticas inundaciones en el litoral granadino en octubre de 1973, los primeros informes de alarma sobre la erosión en el oriente andaluz o los proyectos de centrales nucleares, incluida una junto al parque de Doñana.
El coste medioambiental de, por ejemplo, el Polo Industrial de Huelva es muy alto y se hace ostensible, la atmósfera en la ciudad es algunos días irrespirable, y aquí comienza a germinar un movimiento ecologista para poner coto al deterioro medioambiental. Doñana "con la mortandad de aves de 1986" o los crecientes problemas relacionados con el agua son otros acicates para ese movimiento. De forma que los primeros años ochenta del siglo XX serán los de aparición y rápida configuración del movimiento ecologista andaluz, con una formidable proliferación de asociaciones y grupos en todas las comarcas andaluzas. Publicaciones, manifiestos y tomas de posición, protestas y una mayor preocupación en los grandes medios por estos problemas contribuyen a que en Andalucía crezca la preocupación por el medio ambiente. Entre 1976 y 1992 se crean en la comunidad más de 200 grupos y asociaciones ecologistas, sin contar asociaciones orientadas en concreto a la defensa de los animales. Las hay que nacen con objetivos muy concretos, defender una laguna o promover el uso de la bicicleta, Muchas de ellas son inestables y no superan el lustro de vida, pero en conjunto suponen un movimiento muy estimable que pone de relieve el cambio de mentalidad. Entre las pioneras están Agaden, en Cádiz, que se crea en 1976, y pronto adopta una estructura comarcal; en el mismo año surge en Sevilla Andalus, una de cuyas primeras campañas es "Salvemos Doñana"; algo posterior es Amigos de la Malvasía, en Córdoba, que en 1983 compra la laguna del Rincón para proteger ánades; en 1980, nace Silvema, en Málaga, que alcanza los 1.250 integrantes. Y con ellas un alto número de asociaciones más locales, como Artemisa en Granada, Alborán en Motril, Segura Verde en Cazorla...
Del AMA a la Consejería. Desde los Gobiernos central y autonómico se responde a esas crecientes demandas con cierta lentitud. En 1984 el Gobierno andaluz crea la Agencia de Medio Ambiente, AMA, cuyas siglas se popularizan con rapidez, cuenta con delegaciones provinciales y recaba las tareas de control del medio ambiente y de promoción de su mejora. En 1998 comienzan a publicarse los informes anuales sobre Medio Ambiente, con buenos diagnósticos y banco de datos sobre la situación de la comunidad en estos aspectos. En 1990, primer Gobierno de Manuel Chaves, asoma una Consejería de Cultura y Medio Ambiente, que incluye la AMA y que posteriormente "1994" pasan a ser dos consejerías diferentes, la de Medio
Ambiente asume el AMA, que desaparece en 1996, sustituido por los diversos organismos especializados que crea la nueva consejería, que ya se mantendrá en gobiernos posteriores.
Desde mediados de los años ochenta se configura un proceso de paulatina protección del medio ambiente andaluz en sus múltiples facetas, que tiene su traducción presupuestaria. Así entre su fundación y 1992 el presupuesto de la AMA, por ejemplo, se multiplica por cinco, y su peso en el conjunto del presupuesto andaluz se dobla. A partir de 1986 se comienza también a recibir fondos europeos destinados a actuaciones en defensa del medio ambiente. Andalucía se convierte en la comunidad autónoma con mayor gasto medioambiental, aunque no en términos de gasto por habitante. Además, desde aproximadamente 1990, el gasto de la administración autónoma es superior al estatal y van creciendo las diferencias.
Hacia 1992, Andalucía tiene ya un 17% de su territorio protegido, alrededor de los 15.000 km 2 , con una treintena de parques nacionales, parques naturales, reservas u otras formas de protección. Ese mismo año se aprueba la ley forestal de Andalucía. Se acometen programas de regeneración, como ocurre en el Polo de Huelva, mejoras en abastecimiento de agua y en saneamientos y recogida de recursos urbanos, mejoras en las playas, reciclajes, etc. Se aprueban proyectos de nuevos embalses, prácticamente abandonados durante más de una década, desde el fin del franquismo. En paralelo, se desarrollan programas de educación ambiental, con aulas de la naturaleza, escuelas-taller medioambientales y centros de recepción en los parques naturales.
En la década de los noventa e inicios del siglo XXI, el medio ambiente toma nuevos derroteros en Andalucía, las frecuentes sequías "resulta muy intensa la del periodo 1992-1995, que obliga a generalizadas restricciones" originan controversias sobre la utilización de los recursos disponibles. Surge una oposición a nuevos pantanos "Andalucía es, con mucho, la comunidad española con más embalses", como se evidencia en el caso del pantano del Andévalo onubense. Aunque se siguen construyendo. Se pide un freno a los regadíos y a los cultivos intensivos causantes del agotamiento de pozos y acuíferos en muchos puntos del mediterráneo andaluz. Crece la polémica sobre los trasvases y la oposición a los basureros de residuos tóxicos y cobran relieve problemas hasta entonces casi soslayados, como los del ruido.
En esos años van surgiendo en Andalucía numerosas empresas autóctonas dedicadas a distintos aspectos del medio ambiente "aguas, residuos, atmósfera"; la protección e impulso medioambiental comienza a dibujarse como una inteligente y remuneradora actividad empresarial, y lo detectan también las multinacionales. Incluso el Gobierno andaluz dibuja el medio ambiente como "fuente de oportunidades para la modernización". El ejecutivo muestra vacilaciones o contradicciones ante algunos problemas, como sus reticencias a las desaladoras, que poco a poco se van imponiendo en el litoral andaluz. Mientras, crece la preocupación por el cambio climático que, según casi todos los especialistas, va a afectar muy especialmente a Andalucía. Al inicio del siglo XXI, la superficie protegida de alguna forma en la comunidad asciende ya al 28%, el porcentaje más alto entre comunidades extensas. Es, con mucho, la comunidad con más superficie dedicada a agricultura ecológica "más de 225.000 ha en 2003", pero también la que consume más agua por persona, en torno a los 190 litros diarios en 2005.
Nuevos problemas. Cuando parece que la preocupación por el medio ambiente es mayor y que impregna más a todas las administraciones, no dejan de producirse graves episodios que muestran las serias insuficiencias que caracterizan al sistema en Andalucía. Uno es la rotura de una balsa de residuos mineros en Aznalcóllar * , en 1998, calificada como una de las mayores catástrofes ecológicas en la historia contemporánea de Andalucía, y todas sus secuelas, que obligan a fuertes inversiones para reparar los daños a las administraciones estatal y autonómica, lo que contrasta con la elusión de responsabilidades por la empresa multinacional propietaria de la balsa. Otro es el dramático incendio forestal en torno a Berrocal, que calcina en 2004 más de 32.000 ha en las provincias de Huelva y Sevilla, y muestra asimismo serios defectos estructurales en todo el sistema de extinción de incendios. Inquietantes son también los problemas de contaminación de litorales por buques, especialmente en la Bahía de Algeciras por la complicidad o tolerancia del Gobierno de Gibraltar. Pero, quizás, el principal problema medioambiental andaluz sea desde finales del siglo XX la incapacidad para frenar la especulación urbanística que está destrozando los litorales y múltiples ciudades y comarcas andaluzas, con sofisticadas tramas de corrupción y excesiva tolerancia, cuando no complicidad municipal, como se revela en el caso de Marbella en 2005 y ello pese a leyes como la de Ordenación Urbanística de 2002. Cuando se ha iniciado el siglo XXI, aunque el medio ambiente aparece como preocupación prioritaria para gobernantes y gobernados, y la legislación es muy amplia, la realidad cotidiana dice que queda mucho por hacer y prevenir. [ Antonio Checa Godoy ].
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