Concepto acuñado por Juan Díaz del Moral en 1929 cuando publica un análisis ya clásico de la conflictividad social en la provincia de Córdoba entre la mitad del siglo XIX y el final de la etapa restauracionista, titulado Historia de las agitaciones campesinas andaluzas . En esta obra se intenta dar explicación sociológica e histórica a los enormes desequilibrios sociales y políticos que vienen afectando, desde la culminación del proceso desamortizador, el funcionamiento de la sociedad rural andaluza. La obra, que se incluye en la producción historiográfica que, por aquellos años, plantean otros autores con similares o parecidos planteamientos intelectuales (Senador Gómez, Bernaldo de Quirós, Pascual Carrión, Pazos García), todos ellos interesados en el estudio de la llamada "cuestión social agraria", no tardaría en convertirse en uno de los análisis más completos e influyentes de entre los dedicados a la investigación de la conflictividad social en España. Prácticamente desde su aparición hasta los momentos actuales, la Historia de las agitaciones campesinas andaluzas es un referente obligado para el conocimiento de la Historia Social en Andalucía por sus aportaciones empíricas, por sus planteamientos sociológicos, por su discutible interpretación de la conflictividad agraria, por la necesaria desmitificación de algunos de sus supuestos, como la llamada "prehistoria de las agitaciones", sus caracterizaciones de los diversos grupos campesinos, las evidentes simpatías que Díaz del Moral manifiesta hacia las organizaciones anarquistas frente a las socialistas o republicanas, el papel del sindicalismo católico agrario, de la patronal, el diverso protagonismo de las distintas organizaciones obreras, etc. En definitiva, por intentar aclarar todo aquello por lo que años más adelante, y con justicia, le reconocería como un auténtico adelantado de la Historia Social por parte del maestro de historiadores Manuel Tuñón de Lara.
Interés. La conflictividad campesina en nuestra región, por su intensidad, violencia y radicalidad que, de forma cíclica, viene manifestándose en lo que Juan Díaz del Moral denomina "agitaciones campesinas", ocuparía de forma creciente el interés de publicistas, intelectuales, novelistas, así como de las diversas instancias sociales y políticas de la sociedad española. Las incursiones que con diferentes perspectivas hacen autores como Ortega y Gasset, Blasco Ibáñez, A. Marvaud, Fernando Garrido, A.Guichot y F. de los Ríos muestran el interés que entre importantes sectores despiertan los fuertes desequilibrios existentes en la sociedad rural andaluza expresados en manera muy diversa (motines, insurrecciones, asaltos a tahonas o a dependencias fiscales, manifestaciones tumultuarias, ocupaciones de fincas, concentraciones de protesta, enfrentamientos con las fuerzas del orden público, huelgas, etc.) Todas estas protestas, desde la etapa del sexenio democrático y hasta el final de la II República, constituyen uno de los rasgos mas significativos de la Historia Social de la región. El hilo conductor que subyace en esta "conflictividad social agraria" está ligado a las consecuencias de la reforma agraria liberal, de la que los procesos de desamortización constituyen su espina dorsal, en la medida en que la privatización de la propiedad de la tierra que tales procesos conllevan, al tiempo que produce el asentamiento de una estructura de la propiedad desequilibrada que termina expropiando a sus anteriores usufructuarios, provoca una polarización social que se manifiesta, habitualmente, en diferentes modos de dominación y de control de la sociedad agraria que, de todas formas, llevan en sí el germen de la conflictividad.
Desde el punto de vista de la historiografía contemporánea, el análisis de las agitaciones andaluzas pronto se convertiría en uno de los núcleos analíticos más atrayentes para estudiosos provenientes de diversas escuelas, tradiciones teóricas y planteamientos metodológicos. Tras los iniciales enfoques de E. H. Hobsbawn, que pone especial énfasis en la "rebeldía primitiva" y el atraso de éstas formas de conflicto, encontramos los posteriores estudios de A. Mª. Calero, J. Maurice, A. M. Bernal, S. Castillo Alonso, M. Pérez Yruela, E. Malefakis, C. Lida y T. Kaplan que insisten en cuestiones relativas al grado de organización del campesinado, a las condiciones estructurales de la conflictividad, a la presencia e influencia de republicanos, socialistas y anarquistas, a la adecuación de las formas organizativas y a la naturaleza del conflicto a las específicas condiciones del mundo rural andaluz, o a la propia evolución de la coyuntura política.
Luego llegarán los más recientes análisis de autores como Cobo Romero, López Estudillo, E. Montañés, Caro Cancela, Garrido González, Cruz Artacho. Éstos recogen todo el conjunto de aportaciones de las décadas anteriores, planteanademás de aproximaciones provinciales nuevas visiones que, hasta ese momento, no son tenidas muy en cuenta y relativas, por ejemplo, a la diferenciación interna del campesinado en su escala de intereses y en su comportamiento sociopolítico, a la importante presencia de republicanos federales y socialistas en el protagonismo de la conflictividad, a la relectura del caciquismo como elemento de desmovilización y de control político y social, así como a la variada tipología de conflictos, actos de protesta y de movilización social. En todo caso, estamos en condiciones de aceptar que la evolución de la conflictividad campesina en Andalucía atraviesa por una serie de etapas a lo largo de las que la naturaleza de los enfrentamientos sociales, los protagonismos conflictivos, los propios contenidos reivindicativos, cambiarían substancialmente, en todo caso acordes con variables sociales, políticas, organizativas y económicas igualmente diferenciadas. Podemos distinguir, históricamente y hasta el final de la II República, al menos la existencia de tres grandes periodos en la trayectoria de las mismas.
Etapas. Un primer momento iría desde la puesta en marcha de los procesos de desamortización hasta la irrupción en España y en Andalucía de las primeras organizaciones internacionalistas, en pleno sexenio democrático (1868-1874). En esta etapa en la que se detectan importantes movilizaciones y conflictos sociales cuya raíz son los efectos de la implantación del capitalismo en el campo (enajenación de bienes de propios y baldíos), con los consiguientes desajustes en el uso de la tierra y de los recursos naturales que ello conllevaría. Las estrategias de lucha campesina frente a esto no son otras que la denuncia del proceso de privatización, la negativa al pago de impuestos y rentas y la continuación de los pleitos por la titularidad de las tierras, que se expresan de formas diversas tales como la ocupación de fincas señoriales (Tarifa, Chucena, El Puerto de Santa María), la defensa de los propios (Arcos de la Frontera, 1840-1841) y, desde luego, las revueltas abiertas como las de Utrera/El Arahal de julio de 1857. En esta revuelta los campesinos se empeñan en eliminar todo tipo de testimonio jurídico que dé fe de la creciente apropiación burguesa de la tierra, incendiando los archivos municipales y registros notariales. También se da la revuelta de Loja en el verano de 1861, dirigida por Rafael Pérez del Álamo * y que, como un auténtico "Espartaco andaluz", que dice C. Bernaldo de Quirós, llegaría a movilizar a miles de campesinos de comarcas limítrofes de las provincias de Granada, Málaga y Córdoba a los que mueve el mito del "reparto de tierras". Sin duda, es ésta última la más conocida de este primer periodo y uno de los mejores ejemplos históricos de lo que Díaz del Moral bautiza como agitaciones campesinas. En ella, además de protagonismo campesino, se implican diversos sectores del artesanado, pequeños propietarios, comerciantes que pretenden integrar en el desarrollo de la revuelta una serie de intereses políticos de corte democrático, republicano y anticaciquil.
Como Pérez del Álamo manifiesta, una de las claves que motivan la generalización de las movilizaciones campesinas es el propósito de frenar la actitud caciquil de R. Mª Narváez en la comarca de Loja y que se expresan en aumentos injustificados de las rentas de sus fincas, en el control político del Ayuntamiento, la amenaza y coacciones contra los liberales, expulsión de arrendatarios y la "intervención ventajista" en las subastas con el fin de acaparar la tierra. Sobre la base de este profundo descontento social se iniciaría el levantamiento en los últimos días de julio de 1861 que afecta a diversos pueblos de las comarcas citadas pero, al igual que ocurre con los sucesos de Utrera y El Arahal, sería controlado por el Ejército y sometido a una importante represión de la que puede escapar el propio Pérez del Álamo y que, incluso, daría lugar a un debate parlamentario en el que intervinienen, entre otros, Posada Herrera, González Bravo, Ríos Rosas y Salustiano Olózaga. La culminación de las "agitaciones campesinas" en esta primera etapa viene manifestada por los movimientos desencadenados entre diciembre de 1868 y enero/junio de 1869, sublevaciones de signo campesino y republicano que se desarrollan, de forma bastante generalizada, en las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla y, en menor grado, en las de Córdoba y Jaén. Ahora, tras el triunfo de la revolución de septiembre de 1868 y la caída de Isabel II, el banderín de enganche no es otro que el "repartimiento de las tierras" en los distritos rurales que, junto a otras reivindicaciones (abolición de las quintas, rechazo de la imposición fiscal y petición de trabajo) se desarrolla al grito de ¡Viva la República Federal!
La Restauración. Un segundo momento importante en la evolución de la conflictividad campesina se desarrolla durante la fase de la Restauración (1874-1923), etapa en la que, tras la ilegalización de la Federación Regional Española de la I Internacional, el campesinado junto con otros sectores populares pone en marcha nuevos mecanismos organizativos (FTRE, UTC, FNOA), en los que, desde el principio, la influencia del anarquismo es un elemento de primer orden. Acontecimientos como los referentes a la represión desencadenada en 1882 y 1883, fundamentalmente en Cádiz, Sevilla y Córdoba contra una supuesta "organización subversiva" llamada Mano Negra, el conflictivo desarrollo del "asalto campesino a Jerez" en 1892, los dispersos motines de subsistencias de mayo de 1898 o las revueltas desencadenadas en diversas provincias andaluzas entre 1903 y 1905, bien estudiadas para Córdoba por Díaz del Moral, no son ni más ni menos que la expresión de modalidades diferentes de agitación en el campo y cuya naturaleza, en esta coyuntura, abandona de manera progresiva ese carácter de "rebeldía primitiva", de formas antiguas aunque adecuadas de protesta social ajustándose a planteamientos y reivindicaciones acordes con una realidad en la que se consuman importantes transformaciones de signo capitalista en el ámbito agrario.
La preocupación que la inestabilidad social y el fuerte nivel de conflicto que recorre los campos andaluces es lo que lleva primero a la Comisión de Reformas Sociales, desde 1883, y posteriormente al Instituto de Reformas Sociales desde 1903, a promover una serie de estudios, debates e informes con objeto de analizar lo que ya la publicística del momento denomina la "cuestión social agraria" en el mediodía de España. Esta segunda etapa en la evolución histórica de la conflictividad culmina con la intensísima y generalizada ola de huelgas, motines, enfrentamientos con las fuerzas del orden que sacuden a varias provincias andaluzas durante el llamado "trienio bolchevique" (1918-1920) aunque, es claro, que todo este conjunto de conflictos afecta igualmente a otros sectores de la producción. Quizás lo más novedoso de esta nueva oleada conflictiva sea el importante nivel de organización y coordinación (congresos comarcales, asambleas, reuniones sindicales) en la planificación de las huelgas que adquieren los sectores protagonistas del campesinado, la discusión y reflexión sobre sus propuestas reivindicativas que incluyen aspectos tales como subidas salariales, abolición de destajos, ampliación de la oferta de trabajo y reconocimientode su capacidad negociadora, y, junto a ello, la inclusión en sus perspectivas de contestación social de planteamientos de tipo político de los que el rechazo del caciquismo, la denuncia del corrupto estado de la Restauración es, mucho mas que "difusas aspiraciones de cambios y transformaciones radicales", el mas notorio de todos ellos.
La República. Finalmente, una tercera fase en este recorrido por las agitaciones campesinas estaría centrada en la etapa de la II República, coyuntura en la que son perceptibles dos momentos diferentes en la conflictividad social agraria que, obviamente, coinciden con las dos etapas de signo marcadamente diferente que atraviesa la breve historia de la II República española. El primer bienio de gobierno socialazañista (1931-1933) contempla, paradójicamente, un nivel de conflictividad en Andalucía muy importante. Las razones de ello son la importante presencia del sindicalismo anarquista de la CNT en la mayoría de los pueblos andaluces que cuestionan la, a su juicio, insuficiente "política reformista" practicada desde el Ministerio de Trabajo que dirige Francisco Largo Caballero, la creciente frustración producida en los meses subsiguientes al cambio político del 14 de abril y, desde luego, y en muy primer plano, la política obstruccionista de la burguesía agraria andaluza y la aplicación de las medidas legislativas aprobadas (Ley de Términos Municipales, de Jurados Mixtos, del Laboreo Forzoso, de aplicación de la jornada de 8 horas, de arrendamientos) y al propio debate sobre la ley de la Reforma Agraria. Los conflictos agrarios que se producen sobre este telón de fondo son innumerables en la mayor parte de las provincias andaluzas, siendo quizás el más notorio y de mayor repercusión en la vida política del país el desarrollado en enero de 1933 en Casas Viejas (Cádiz), en donde, tras la proclamación del "comunismo libertario", se desencadenaría una fuerte represión por parte de las fuerzas del orden público, saldada con varios muertos, lo que daría lugar a un virulento debate político en el Parlamento que tendría profundas consecuencias en la evolución futura del régimen republicano.
Durante el segundo bienio (1933-1935) y hasta la victoria de las izquierdas en las elecciones del Frente Popular, se produce una clara recesión en la conflictividad social agraria, aunque ello no quiera decir que la latencia de los enfrentamientos sociales no termine aflorando, tanto de forma localizada, comarcal o de manera generalizada. Tal es lo que ocurre en junio de 1934, cuando una huelga agraria convocada por la Federación de Trabajadores de la Tierra de la UGT afecta a las comarcas en las que es importante la presencia del sindicalismo socialista en octubre de ese mismo año.
La guerra civil y la consiguiente implantación de la dictadura franquista inaugurarían una etapa radicalmente nueva en la Historia Contemporánea de España. Desde el punto de vista de la evolución de la conflictividad social agraria, cuestiones tales como la represión a la que son sometidos los sindicatos y organizaciones de clase, la práctica desaparición de los mecanismos que articulan y dan protagonismo a la sociedad civil y, posteriormente, las secuelas de nuestra peculiar evolución económica, "autárquica y desarrollista". Esta política conlleva evidentes transformaciones sociales en el ámbito rural, elementos que condicionan durante muchos años la reaparición de la conflictividad agraria en Andalucía, y que sólo se dejará ver de nuevo cuando, al calor de las movilizaciones sociales que acompañan el final del franquismo y el desarrollo de la transición democrática en España, los sindicatos campesinos Comisiones Obreras (CC OO), la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT) y el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) adquieran un nuevo protagonismo.[ Antonio Barragán Moriana ]
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